En México, una diputada de Morena presentó una iniciativa para despenalizar la muerte asistida e introducir regulaciones sobre su procedimiento en el país. La propuesta plantea que la medida tenga alcance local al permitir la opción a personas adultas que la soliciten por escrito.
La iniciativa, firmada por Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, plantea que la práctica no constituya delito ni dé lugar a acción civil cuando se realice conforme a la ley y a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud. El texto reforma y adiciona disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal para incorporar estas previsiones.
Según la propuesta, la muerte asistida solo podría aplicarse a mayores de 18 años que la soliciten por escrito y la solicitud deberá ser evaluada por un Comité de Bioética para determinar la aptitud de la persona y la procedencia del trámite. La Secretaría de Salud estaría facultada para emitir la normatividad que establezca requisitos, procedimientos, formatos y tiempos de reflexión previos a la aprobación y ejecución.
El médico que realice el procedimiento deberá estar autorizado por la Secretaría de Salud y podrá negarse a practicarlo por objeción de conciencia. En ese caso, la institución de salud tendría la obligación de solicitar a otro médico no objetor que realice el procedimiento según lo dispuesto por la ley y su reglamentación.
La iniciativa define la muerte asistida como la terminación intencional de la vida practicada por personal médico autorizado a solicitud expresa de la persona, mediante eutanasia o suicidio asistido. La eutanasia se describe como actos intencionales realizados por personal médico encaminados a terminar la vida del solicitante previa aprobación de la autoridad competente, mientras que el suicidio asistido consiste en proporcionar los medios para que la persona autoadministre el acto, también con aprobación previa.
El documento recuerda que actualmente en México están prohibidas la eutanasia, el suicidio asistido y el homicidio por piedad. Al mismo tiempo, cita resultados de una encuesta que indican que 68.6% de los encuestados considera que las personas en fase terminal con sufrimiento insoportable deberían tener la opción de adelantar su muerte.
La encuesta también muestra que 57.7% estaría de acuerdo en que el médico proporcione sustancias letales para que el paciente las tome por sí mismo y que 72.7% considera necesario cambiar las leyes para permitir que los enfermos puedan recibir ayuda para terminar con su vida si así lo deciden. La iniciativa apunta al contexto internacional, señalando que pocos países cuentan con legislación o regulación sobre la materia, entre ellos Suiza, Colombia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, España, Italia, Austria, Alemania, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.
En el ámbito americano, la propuesta destaca que Colombia y Ecuador han despenalizado la eutanasia, aunque lo han hecho mediante resoluciones judiciales más que por una ley específica.
