La alerta de relatores de la ONU sobre los archivos de Jeffrey Epstein tiene implicaciones directas para las autoridades y organizaciones locales encargadas de investigar delitos sexuales y proteger a víctimas, ya que plantea la posibilidad de que se abran pesquisas y procesos judiciales a nivel nacional.
Nueve relatores y expertos de la ONU sostienen que los archivos muestran atrocidades contra mujeres y niñas de tal magnitud, carácter sistemático y alcance transnacional que podrían ser consideradas legalmente como crímenes de lesa humanidad.
Los documentos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos describen indicios de una empresa criminal global y ponen de manifiesto preocupaciones sobre el nivel de impunidad frente a estos hechos.
Los archivos incluyen referencias a posibles casos de esclavitud sexual, violencia reproductiva, desaparición forzada, tortura, tratos inhumanos y degradantes, y feminicidio, por lo que los expertos instan a que los presuntos responsables sean enjuiciados ante los tribunales nacionales e internacionales competentes.
Los firmantes señalan que los presuntos delitos se desarrollaron en un contexto marcado por creencias supremacistas, racismo, corrupción, misoginia extrema y por la mercantilización y deshumanización de mujeres y niñas de distintas regiones.
Ante ello, piden una investigación independiente e imparcial para esclarecer cómo pudieron ocurrir tales crímenes durante un periodo prolongado y reclaman que los gobiernos actúen de forma decidida para responsabilizar a los perpetradores.
Los expertos también denunciaron graves fallos en la divulgación de los archivos, que expusieron información sensible sobre las víctimas y pueden ponerlas en riesgo de represalias, estigmatización y revictimización.
Entre los firmantes figuran la relatora sobre violencia contra mujeres y niñas, Reem Alsalem, y las especialistas en derecho a la privacidad y en libertad de reunión y asociación, Ana Brian Nougrères y Gina Romero.
