La renovación por un año del mandato de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (Binuh) fue aprobada por unanimidad, una decisión que impacta directamente en la seguridad y el proceso político del país, afectado por la expansión de bandas armadas y el deterioro de servicios básicos. La prórroga busca mantener el acompañamiento internacional ante el agravamiento de la crisis interna.
El texto del nuevo mandato, elaborado por Panamá junto con Estados Unidos, pretende reforzar la presencia de la ONU en un escenario de creciente inseguridad. Los impulsores sostienen que la medida adapta la labor de la oficina a las necesidades actuales del país.
El mandato apunta a equilibrar el acompañamiento al proceso político y electoral con el apoyo al sistema de justicia, y a fortalecer esfuerzos de desarme, reintegración de miembros de pandillas y protección de los derechos humanos. Estas prioridades se plantean como complementarias a las labores de seguridad.
La delegación estadounidense enfatizó que la lucha contra las pandillas es prioritaria y que esa labor requiere liderazgo firme y respaldo de la población haitiana. También subrayó la necesidad de asistir a las autoridades locales para facilitar la celebración de elecciones que garanticen representación inclusiva.
Con el mandato del Consejo Presidencial de Transición próximo a expirar, los actores políticos deben alcanzar acuerdos u organizar comicios para evitar un vacío de poder que podría agravar la crisis de seguridad. Esa urgencia condiciona el trabajo de la comunidad internacional y de los actores locales.
El representante de Haití ante la ONU señaló que la reducción de la violencia debe avanzar de manera gradual y destacó la necesidad de proteger a la población, restaurar el estado de derecho y crear condiciones para la estabilidad institucional mediante el diálogo político.
La Binuh, al ser una misión política sin componente militar, no está diseñada para enfrentar directamente la violencia armada; su labor se centra en el acompañamiento institucional, la mediación política, la defensa de los derechos humanos y la coordinación de la respuesta internacional. Esa limitación explica la existencia de iniciativas complementarias.
En respuesta al deterioro de la seguridad, el Consejo de Seguridad aprobó la creación de una Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), con mandato explícito para combatir el crimen organizado y apoyar a la Policía Nacional de Haití. La GSF sustituye a una misión multinacional previa cuyos resultados se consideraron insuficientes frente al avance de las bandas.
Las pandillas controlan actualmente puertos, carreteras y barrios de la capital, lo que ha profundizado la crisis humanitaria y el colapso de servicios. La ONU ha señalado que las tareas de la Binuh y el despliegue de la GSF deben ser complementarias para restaurar la seguridad y permitir la normalización institucional.
Se prevé un despliegue por fases de la GSF, con la llegada de contingentes iniciales y una incorporación progresiva hasta alcanzar una fuerza prevista de hasta 5.500 efectivos aportados por al menos 18 países.
