La gobernadora de Baja California, María del Pilar Ávila, enfrenta acusaciones por presuntas violaciones a la Ley de Seguridad Nacional al no informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre sus reuniones con agentes de Estados Unidos. La senadora del PRI, Claudia Anaya, planteó que estas acciones no cumplen con la normativa, que exige notificar a la SRE sobre cualquier interacción con agentes extranjeros dentro de un plazo de tres días.
Anaya destacó que estas reuniones deben contar con la presencia de un representante de la SRE y cuestionó si la gobernadora cumplió con esta obligación tras mencionar que había tenido múltiples encuentros. Criticó además las declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien indicó que no había irregularidades por parte de la gobernadora.
Por su parte, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, instó a la gobernadora a solicitar una licencia y a que se inicie una investigación formal por posible traición a la patria. Afirmó que existen dobles estándares en el tratamiento de estos casos entre gobernadores de diferentes partidos políticos.
El senador del PVEM, Jorge Carlos Ramírez Marín, opinó que las acciones de Ávila son de carácter personal y no un reflejo del gobierno estatal. En un contexto similar, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, criticó la diferencia de tratamientos entre este caso y el de la gobernadora de Chihuahua, también del PAN, quien fue acusada por recibir información de agencias estadounidenses. Castañeda exigió a Ávila aclarar su relación con estas agencias y la naturaleza de sus interacciones.
