Organizaciones civiles y el sector empresarial de Sinaloa han expresado su desacuerdo con el cuarto informe de gobierno del gobernador Rubén Rocha Moya, sugiriendo que este documento presenta cifras manipuladas y tiene un enfoque más propagandístico que de autocrítica.
Los empresarios han señalado que el informe carece de objetividad y podría estar diseñado con fines electorales. En respuesta, planean presentar ante el Congreso del Estado una iniciativa para modificar la Constitución local, con el objetivo de exigir que el Ejecutivo se base en datos verificables y reales. La presidenta de la Coparmex en Sinaloa manifestó que es crucial que la información oficial sea clara y honesta sobre la realidad del estado.
La Coparmex ha proporcionado datos que ilustran el grave impacto social y económico de la violencia en la entidad, resaltando la desconfianza de la ciudadanía hacia las cifras gubernamentales. Muchos ciudadanos consideran que los datos oficiales son incompletos o embellecidos, lo que puede distorsionar la percepción pública sobre la situación real en Sinaloa.
Martha Reyes, líder empresarial, subrayó que la realidad de los sinaloenses contradice la narrativa oficial, citando ejemplos de la vida cotidiana donde las personas han cambiado sus hábitos y actividades por motivos de seguridad. Según el informe, un 44% ha dejado de visitar a familiares o amigos, mientras que un 20% de niños y jóvenes han dejado de asistir a la escuela debido a la inseguridad.
Además, datos de la fiscalía estatal muestran un aumento alarmante en la violencia, con miles de homicidios y desapariciones vinculadas a enfrentamientos entre bandas del crimen organizado. Reyes destacó la gravedad de la crisis de seguridad en Sinaloa, afirmando que el estado se encuentra en una de las etapas más críticas de inseguridad en su historia.
En conclusión, las organizaciones civiles sostienen que una sociedad crítica acompañada de un gobierno transparente son esenciales para mejorar las condiciones de vida en la entidad. La presidenta de la Coparmex reafirmó que es necesario garantizar que la comunicación pública sea objetiva y que se establezcan mecanismos para evitar la manipulación de información con fines políticos.
