Los cambios demográficos en Francia tienen repercusiones directas sobre las finanzas públicas y el mercado laboral de la Unión Europea, y pueden condicionar decisiones sobre pensiones, migración y servicios sociales a nivel regional. Esto coloca al país en el centro del debate sobre la sostenibilidad de los sistemas públicos en Europa.
El instituto nacional de estadística informó que las defunciones superaron a los nacimientos, rompiendo una tendencia de décadas y reduciendo la ventaja demográfica que Francia mantenía frente a otros países europeos. Se registraron 651.000 defunciones frente a 645.000 nacimientos.
La tasa de fecundidad descendió a 1,56 hijos por mujer, su nivel más bajo desde la Primera Guerra Mundial, y quedó por debajo de las estimaciones que se utilizan para dimensionar la financiación de las pensiones. En comparaciones recientes dentro de la UE, la tasa francesa ya venía situándose por debajo de la media de varios países.
La Oficina Nacional de Auditoría advirtió que este cambio demográfico incrementará el gasto público hasta niveles cercanos a los observados en la pandemia y erosionará la base imponible, complicando la financiación de los servicios públicos. Expertos creen que la jubilación de las grandes generaciones nacidas en la década de 1960 intensificará las tensiones en el mercado laboral y los problemas de mano de obra.
A pesar de que las defunciones superaron a los nacimientos, la población total creció ligeramente, hasta 69,1 millones, impulsada por una migración neta estimada en 176.000 personas. La esperanza de vida alcanzó máximos históricos, con 85,9 años para las mujeres y 80,3 para los hombres.
La proporción de personas de 65 años o más se situó en torno al 22%, casi igualando la de los menores de 20 años, lo que subraya el envejecimiento de la población y las demandas crecientes sobre los sistemas de salud y pensiones. Las autoridades y expertos anticipan que estas tendencias condicionarán las políticas públicas en los próximos años.



