Por: Mario Villegas
En Silao ha comenzado a construirse una narrativa de “activismo anticorrupción” encabezada por Rogelio Fabián Santoyo Guevara. Sin embargo, su propio historial público abre preguntas que no pueden ignorarse.
Santoyo no es un actor externo al poder. Ha transitado por el PAN, fue candidato del PRI en 2018 y posteriormente operador político y Secretario del Ayuntamiento bajo el gobierno de Morena en Silao (2021–2023) en la administración del hoy exalcalde Carlos García . Es decir, no se trata de un ciudadano ajeno al sistema que hoy critica, sino de alguien que formó parte de él durante más de dos décadas.
Durante su gestión como Secretario del Ayuntamiento, el municipio de Silao vivió una de las crisis políticas más profundas del periodo reciente: denuncias cruzadas, sesiones privadas, señalamientos de desvío en Tesorería, intentos de destitución y ruptura con el alcalde que él mismo ayudó a llevar al poder.
De acuerdo con información consultada por Contacto Noticias en la Plataforma Nacional de Transparencia y en documentación vinculada a investigaciones en curso por parte de autoridades fiscalizadoras y ministeriales, el ex secretario del Ayuntamiento de Silao, Rogelio Fabián Santoyo Guevara, aparece referido en actuaciones relacionadas con presuntas irregularidades que, de acreditarse, podrían encuadrar en delitos tipificados en el Código Penal del Estado de Guanajuato, tales como peculado (desvío de recursos públicos), ejercicio ilícito del servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, falsedad en declaraciones o documentos, encubrimiento y posibles conductas vinculadas a triangulación de recursos.
Los expedientes consultados también hacen referencia a eventuales conflictos de interés en nombramientos y decisiones administrativas adoptadas durante su gestión, los cuales forman parte de líneas de investigación abiertas ante instancias competentes, tal es el caso del hermano de Rogelio el cual ocupaba un cargo directivo en Protección Civil municipal y fue señalado en una denuncia por presunto hostigamiento sexual, caso que desató controversia pública y críticas hacia la actuación institucional del gobierno municipal.
Operaciones millonarias y carpetas abiertas: el contexto de su gestión
Uno de los episodios más relevantes del periodo 2022–2023 fue la autorización para adquirir un predio de 50,000 metros cuadrados destinado al Hospital IMSS, por un monto total de $20,547,310 pesos. El esquema de pago contempló 10 millones de pesos en efectivo y más de 10.5 millones mediante permuta de áreas de donación municipales.
De acuerdo con las actas del Ayuntamiento, el tema fue abordado en sesión privada, bajo el argumento de reservar la ubicación del predio. Posteriormente, incluso se registró un intento de revocación del acuerdo aprobado.
El análisis técnico de las actas y documentación relacionada advierte en esta operación riesgos elevados de posible sobre o infra-valuación del inmueble, eventuales conflictos de interés, discrecionalidad en la selección del predio y opacidad derivada del manejo del asunto en sesión privada
Este hecho adquiere especial relevancia considerando que, en ese momento, Rogelio Fabián Santoyo se desempeñaba como Secretario del Ayuntamiento, cargo responsable de la integración del orden del día, la convocatoria a sesiones y la certificación de los acuerdos adoptado
Carpetas de investigación en Tesorería y señalamientos en sesión pública
Otro eje crítico documentado en actas de marzo y abril de 2023 fue la referencia formal a la existencia de las carpetas de investigación 25394/2022 y 18719/2023 en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, relacionadas con presuntos hechos ocurridos en Tesorería municipal.
Durante sesiones de Ayuntamiento se mencionaron públicamente posibles desvíos por alrededor de 4 millones de pesos, así como la realización de un cateo, además de debates sobre el perfil del nuevo titular de Tesorería ante un posible conflicto de interés.
El análisis de los expedientes y actas municipales clasifica este apartado como de alto nivel de riesgo institucional, señalando que, de acreditarse irregularidades, podrían configurarse conductas como malversación, triangulación de recursos, falsedad documental o encubrimiento
Hoy Rodolfo Santoyo encabeza el movimiento denominado “Silaoenses Contra la Corrupción”, presentándose como referente ciudadano del combate a las irregularidades administrativas del Gobierno. Sin embargo, incluso al interior de esa organización existen señalamientos y controversias sobre la legitimidad de su representación.
De acuerdo con versiones de integrantes fundadores de la asociación, su nombramiento como dirigente ha sido cuestionado e incluso desconocido por quienes afirman ser los titulares originales de la organización. La disputa interna añade un nuevo elemento de contradicción a la narrativa de legalidad que hoy promueve.
Si las investigaciones abiertas llegaran a derivar en responsabilidades penales y se acreditaran conductas como peculado, uso indebido de atribuciones o tráfico de influencias delitos tipificados en el Código Penal del Estado de Guanajuato las sanciones podrían alcanzar varios años de prisión, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos y la reparación del daño.
