La reciente controversia en Guamúchil, Sinaloa, resalta un preocupante patrón de extorsión institucional. La alcaldesa, Guadalupe López González, del partido Morena, intenta imponer sanciones ilegales por un total de 1,500 millones de pesos a empresas de telecomunicaciones, como Telmex, Megacable y Totalplay, alegando que su cableado se encuentra sobre infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Este caso revela un esquema de coerción donde un supuesto «intermediario», Pedro Molineros Urías, propone reducciones significativas en las multas a cambio de «negociaciones». La táctica se asemeja a modelos del crimen organizado: generar un problema para luego ofrecer una solución. La situación ha escalado hasta el punto de que el ayuntamiento ha interrumpido el servicio de telecomunicaciones, lo que constituye una violación federal grave.
A pesar de la presión mediática, los funcionarios locales defienden su autoridad para regular las telecomunicaciones. Sin embargo, ignoran que un reglamento municipal no puede sobrepasar las disposiciones constituciones que otorgan a la Federación el control de estas infraestructuras. Así, las “multas” propuestas evidencian una estrategia de extorsión institucional, donde el costo de las sanciones supera los 410 mil pesos por cada instalación, en contraposición a las sanciones reglamentarias de 60 mil pesos por construcciones sin autorización.
Adicionalmente, el caso presenta serias irregularidades procesales, como la falta de participación de las empresas en verificaciones y notificaciones mal ejecutadas, que junto a la interrupción del servicio, generan responsabilidades de carácter federal. La gravedad de estas acciones ha llegado al Poder Legislativo federal, donde el diputado Mario Zamora ha solicitado una revisión de la legalidad de las acciones municipales para salvaguardar la infraestructura estratégica del país.
Este litigio se definirá en tribunales federales, con base en precedentes establecidos que limitan la competencia municipal en el sector de telecomunicaciones. Si se ratifican estos criterios, el caso de Sinaloa podría ilustrar un intento de manipulación del aparato público para fines ilegítimos. Al final del día, la problemática trasciende la simple cuestión del cableado y los permisos, reflejando el uso indebido del poder municipal para establecer un sistema de cobro sobre competencias que carecen de fundamento legal, siguiendo un patrón de extorsión típico del crimen organizado. En su esencia, este es un fenómeno observable en la Sinaloa de Rocha Moya.
