Para México, la entrada en vigor del nuevo tratado sobre la biodiversidad en alta mar implica mayor capacidad para participar en la protección y gestión de áreas marinas más allá de las jurisdicciones nacionales. La decisión coloca al país entre los firmantes que contribuirán a regular actividades como la pesca en aguas internacionales.
El acuerdo establece un marco jurídicamente vinculante destinado a enfrentar amenazas como la sobrepesca y a avanzar hacia la meta de proteger el 30% de los océanos para 2030. Se orienta a conservar la biodiversidad en amplias áreas oceánicas que hasta ahora carecían de un régimen legal integral.
Conocido como BBNJ, el tratado fue el resultado de largas negociaciones y permite la creación de una red mundial de áreas marinas protegidas en aguas internacionales. La norma abre la puerta a una gobernanza coordinada de ecosistemas oceánicos de gran escala.
El instrumento amplía el alcance del derecho internacional hacia dos tercios del océano y reforzará la supervisión y regulación de actividades con impacto ecológico en esas zonas. Expertos lo consideran un avance significativo para establecer mecanismos de conservación donde antes no existían reglas uniformes.
Tras alcanzar el umbral necesario de ratificaciones, el tratado entró en vigor y desde entonces ha sumado más adhesiones, superando las ochenta ratificaciones con la incorporación de países como China, Brasil y Japón. Se espera que otras naciones se incorporen en breve; Estados Unidos firmó el acuerdo pero aún no lo ha ratificado.
El texto obliga a los Estados a realizar evaluaciones ambientales de actividades que repercutan en la ecología oceánica y crea mecanismos para compartir beneficios derivados de la denominada «economía azul», incluidos los recursos genéticos marinos empleados en industrias como la biotecnología. Estas disposiciones buscan equilibrar conservación y uso sostenible.
Organizaciones ecologistas indican que para cumplir la meta de proteger el 30% de los océanos sería necesario crear más de 190.000 zonas protegidas, frente al 8% actualmente protegido, equivalente a unos 29 millones de kilómetros cuadrados. Los grupos llaman a la ratificación universal del tratado para maximizar su eficacia.
