En Veracruz, las autoridades investigan el asesinato del periodista Carlos Castro y, según la fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, ninguna línea de indagación ha sido descartada. La pesquisa tiene carácter prioritario a nivel local dada la gravedad del hecho y la afectación a la comunidad periodística.
La fiscal sostuvo que el crimen no quedará impune, promesa que organizaciones de periodistas exigieron se cumpla ante la persistencia de impunidad en casos previos. Las asociaciones reclamaron resultados concretos y que no baste la retórica institucional.
En conferencia de prensa, Jiménez Aguirre informó que existen diversas líneas de investigación y subrayó que la ley impide revelar detalles que puedan entorpecer la indagatoria. Afirmó que la reserva responde a razones legales y de secrecía para proteger el avance de las pesquisas.
Las asociaciones de periodistas advirtieron que esa reserva no debe utilizarse para criminalizar a la víctima ni para desviar la investigación. Reiteraron la demanda de transparencia y de acciones efectivas para esclarecer el crimen.
La fiscal señaló que trabaja en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Dijo que hay intercambio de información y acciones conjuntas entre las distintas instancias.
El gobierno federal informó que el periodista no contaba con medidas de protección del Mecanismo Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Veracruz tras haber abandonado la entidad. Esa falta de medidas ha sido señalada como parte del contexto en el que ocurrió el ataque.
