La Iglesia católica española asumirá el pago de las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales cometidos en su seno, según un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal. El pacto introduce un mecanismo de reparación alternativa para casos que ya no puedan tramitarse judicialmente.
El nuevo procedimiento establece que la víctima podrá iniciar el proceso en una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que trasladará el expediente al Defensor del Pueblo. El Defensor presentará una propuesta de resolución que podrá incluir reparaciones simbólicas, restaurativas, espirituales y/o económicas, conforme a lo solicitado por la persona afectada.
Esa propuesta será remitida a una comisión asesora de la Iglesia prevista en el Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso, que emitirá un informe sobre la misma. Si la comisión y la solicitante alcanzan conformidad, la propuesta tendrá carácter definitivo.
En caso de desacuerdo se convocará una comisión mixta con participación de asociaciones de víctimas para buscar un acuerdo unánime. Si persiste la discrepancia, la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo adoptará la resolución definitiva, que la Iglesia deberá ejecutar en el plazo previsto.
El Gobierno se comprometió a abordar la reparación integral de las víctimas en cualquier ámbito de la vida social y aceptó que las reparaciones económicas queden exentas del impuesto sobre la renta. La Iglesia describe el acuerdo como un compromiso moral y lo plantea como una vía temporal, de un año prorrogable por otro, destinada a causas sin recorrido judicial por prescripción o fallecimiento del presunto autor.
El documento fue suscrito por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y por los presidentes de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, tras la aceptación por parte de la Iglesia de la propuesta del Ejecutivo.
