En México, 72 refugios que atienden a mujeres y niñas víctimas de violencia enfrentan obstáculos administrativos y financieros que ponen en riesgo su capacidad de protección local y su operación cotidiana.
El caso de Metztli, quien logró escapar de un intento de feminicidio gracias a la intervención de la Red Nacional de Refugios (RNR), pone de relieve la dependencia de estas organizaciones para la atención inmediata cuando el Estado no garantiza protección efectiva.
Metztli y sus dos hijas regresaron en 2022 con su agresor tras ser expulsadas de un refugio gubernamental en Guerrero; meses después, ante una amenaza con arma, contactaron a la RNR y recibieron atención que les salvó la vida, según relató la propia sobreviviente.
La RNR agrupa 72 refugios que, en los últimos años, han atendido a más de 27.000 mujeres e infancias, pero sus directoras advierten que nuevas reglas para acceder a financiamiento público complican su sostenibilidad.
Recientemente la Secretaría de las Mujeres publicó lineamientos y una guía operativa para la asignación de recursos federales a estos espacios, documentos que definen los requisitos para recibir apoyo estatal.
Para la directora de la RNR, Wendy Figueroa Morales, esos lineamientos suponen un retroceso porque trasladan al tercer sector la responsabilidad de garantizar la continuidad de los servicios, al exigir cartas de “suficiencia presupuestaria” y otras garantías que, a su juicio, contravienen compromisos internacionales del Estado.
Las nuevas reglas además recortan recursos destinados a personal y seguridad, medidas que preocupan en un contexto en el que la red registra que alrededor del 40 % de los agresores tiene vínculos con el crimen organizado y hace uso de armas de fuego.
El recorte en partidas de seguridad, que puede llegar hasta 60 % según las organizaciones, afecta a refugios de alta seguridad como Sin Violencia, en Ciudad Juárez; su directora, Elia Orrantia Cárdenas, señala que el tope establecido para seguridad es insuficiente frente a los costos reales de contratación de empresas certificadas y a la inversión en capacitación del personal.
La demanda de atención también crece: el refugio de Ciudad Juárez, con capacidad para 11 núcleos familiares, ha llegado a recibir 14 mujeres con sus hijos, y la RNR reporta un aumento significativo en las consultas y atención externa en el periodo más reciente.
Miembros de la red relatan además casos en que la respuesta institucional fue insuficiente: una mujer que acudió al Ministerio Público para denunciar amenazas fue enviada de regreso con su agresor y solo después de ser atacada con múltiples heridas de arma blanca las autoridades iniciaron una investigación.
Para la RNR, la combinación de trámites más exigentes, recortes y respuestas tardías por parte de las autoridades conlleva una revictimización que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de las víctimas.
