En Sinaloa, donde se han registrado el secuestro de diez mineros y el ataque a dos diputados, el Gobierno federal desplegó casi 2,800 agentes militares, de seguridad y ministeriales para atender la crisis de violencia que afecta al estado.
La presidenta reafirmó su estrategia de «no enfrentamiento militar» y defendió la detención de grupos delictivos dentro del marco de la ley, al tiempo que abogó por políticas para atender las causas que alejen a los jóvenes de la delincuencia.
Reconoció una disminución en el número de homicidios en la entidad, pero atribuyó la violencia actual a una pugna interna entre facciones del Cártel de Sinaloa, grupo que ha sido señalado por autoridades de Estados Unidos como organización terrorista.
El Gobierno dijo priorizar la protección de civiles y envió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana al estado para revisar y ajustar la estrategia de seguridad ante los recientes hechos violentos.
La mandataria destacó avances en la reducción de la producción de droga por el desmantelamiento de laboratorios y urgió a Estados Unidos a frenar el tráfico ilegal de armas que, aseguró, abastece a gran parte de los artefactos de alto poder incautados en México.
El Ejecutivo reafirmó su compromiso de mantener las acciones de seguridad y de trabajar en medidas preventivas para proteger a la población de Sinaloa y contener la escalada de violencia.
