En Los Arrecifes, Veracruz, pescadores locales aseguran que la instalación del gasoducto submarino Puerta al Sureste pone en riesgo su principal fuente de ingreso y los ecosistemas marinos de la zona. Habitantes de la comunidad sostienen que la obra, ya en operación, genera preocupación por posibles fugas y por los trabajos realizados durante su construcción.
La obra, construida por la empresa canadiense TC Energy en asociación con la Comisión Federal de Electricidad, conecta un ducto desde el sur de Texas hasta Tuxpan y se extiende por el fondo del Golfo de México hasta Paraíso, Tabasco. Actualmente abastece la refinería Dos Bocas y busca, en etapas posteriores, enviar gas a la península de Yucatán mediante la expansión de otra infraestructura.
Pescadores de Veracruz relatan que durante la instalación escucharon explosiones y que ahora temen los efectos de una fuga en sus áreas de pesca. En el estado más de 40 mil personas dependen de actividades vinculadas al mar, según los residentes consultados.
Quince comunidades costeras presentaron una demanda contra el gasoducto, alegando que no fueron consultadas previamente como lo exige la Constitución; la acción legal fue inicialmente desechada y permanece en disputa tras recursos presentados por los demandantes. La mayoría de las comunidades afectadas se identifican como indígenas nahuas y nuntajiiyi’.
El gobierno calificó la obra como de seguridad nacional y mantuvo bajo reserva buena parte de la información sobre el trazo del ducto. Autoridades federales han defendido la llegada de gas natural a la región por sus posibles beneficios económicos y sociales.
Organizaciones ambientalistas advirtieron que las labores de dragado para soterrar el ducto podrían afectar arrecifes mesofóticos, ecosistemas que se desarrollan a profundidades superiores a 150 metros y albergan especies endémicas. También han señalado el riesgo de fugas de metano, con impactos en la química del agua y en la vida marina próxima.
TC Energy afirmó en un comunicado que expertos evaluaron el entorno marino para diseñar la ruta con criterios de conservación, que la obra cumplió con los requisitos de la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente de México y que generó empleos durante su construcción, aunque declinó conceder entrevistas para ampliar esas precisiones.
A nivel nacional, el gasoducto forma parte de una expansión de infraestructura para importar más gas natural de Estados Unidos, impulsada desde la apertura del sector energético. México es hoy uno de los principales receptores del gas estadounidense y busca además posicionarse como reexportador hacia mercados de Asia y Europa.
Analistas y consultores señalan que la dependencia del gas reduce la soberanía energética y aumenta la influencia de proveedores externos, dado que más del 60% de la electricidad del país proviene de plantas alimentadas por gas y cerca del 70% de ese combustible llega desde Estados Unidos. Informes de calificadoras proyectan que esa dependencia continuará en aumento.
Los planes incluyen ampliar la capacidad de transporte a más de 1,300 millones de pies cúbicos diarios y construir plantas de licuefacción, como la prevista en Salina Cruz, para exportar gas natural licuado. Expertos en clima y energía advierten que las plantas de licuefacción consumen y queman parte del gas para su funcionamiento, lo que genera emisiones adicionales.
Proyectos de mayor escala, como el propuesto en Puerto Libertad, Sonora, han enfrentado fuerte oposición y demandas por su impacto ambiental y social; en ese caso se ha señalado el riesgo para especies marinas como las ballenas por el tránsito de buques en el Golfo de California. Varios de esos proyectos están detenidos por litigios interpuestos por comunidades locales.
Organizaciones ambientales y expertos en cambio climático sostienen que la expansión del gas puede dificultar el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones y las metas de generación eléctrica a partir de fuentes renovables. El avance de proyectos gasíferos convive con la autorización de nuevos proyectos renovables, según registros oficiales.
En los patios y playas de las comunidades costeras, líderes locales exigieron ser consultados y pidieron mayor consideración de su autonomía y modos de vida antes de autorizar obras que, según sostienen, pueden imponer impactos irreversibles en su entorno y en sus actividades económicas.
