En el Congreso de la Unión, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (PT) presentó una iniciativa para que los proveedores de bienes y servicios en México absorban el costo de las bolsas de acarreo u otros medios de empaque entregados al consumidor, siempre que dichos materiales cumplan la normatividad ambiental vigente. La propuesta busca incidir directamente en la relación comercial entre comercios y consumidores a nivel nacional.
La reforma propuesta a la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que no se podrán realizar cobros directos o indirectos por la entrega de estas bolsas ni condicionar la venta o la prestación del servicio a su adquisición. El incumplimiento se consideraría una práctica abusiva y sería sancionado conforme a la legislación vigente.
El legislador citó estimaciones de la ONU sobre la magnitud de la contaminación plástica: cada minuto se consumiría un millón de botellas de plástico y al año se usarían 500 mil millones de bolsas, con casi una tercera parte de los envases plásticos que salen de los sistemas de alcantarillado y ocho millones de toneladas que terminan en los océanos anualmente. Señaló que estas cifras han motivado prohibiciones al uso de bolsas plásticas en diversos países y ciudades.
En el ámbito nacional, indicó que cada familia utiliza en promedio 650 bolsas al año y que desde 2018 al menos 20 estados han iniciado prohibiciones sobre distintos productos de plástico. La medida busca, según el legislador, avanzar en políticas ambientales que reduzcan el uso de plásticos de un solo uso.
No obstante, la iniciativa señala que, tras la eliminación de bolsas plásticas de un solo uso, varios establecimientos comenzaron a cobrar por las bolsas sustitutas —biodegradables, compostables o de tela—, generando un cobro adicional por un insumo asociado a la compra. El legislador calificó esto como un costo nuevo impuesto al consumidor que contraviene principios de equidad y buena fe contractual.
El documento sostiene además que la entrega de una bolsa para transportar los bienes adquiridos forma parte del servicio de venta y no constituye un producto adicional. Argumenta que los costos inherentes a la actividad comercial, incluidos gastos de empaque y exhibición, están conceptualmente incluidos en el precio final de venta.
Con esa lógica, la iniciativa pretende alinear las políticas de protección al consumidor con las ambientales, para que los costos de la transición ecológica no recaigan en el usuario final sino en quienes obtienen el beneficio económico de la actividad comercial. El proyecto fue turnado a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad y plantea adicionar el artículo 7 Ter a la ley mencionada.
