Autoridades mexicanas solicitaron la suspensión de actividades de dos casinos sancionados por Estados Unidos, una medida que impacta directamente al sector de juegos de apuesta y a la supervisión regulatoria en el país.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por la presunta comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales vinculados a los establecimientos señalados por autoridades estadounidenses.
La UIF también compartió la información con la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para que se proceda a la suspensión administrativa de las operaciones de los locales identificados.
El organismo señaló que, tras un análisis financiero, fiscal y corporativo de seis objetivos, se detectó la operación de establecimientos bajo una misma estructura empresarial y la realización de transferencias internacionales.
En la revisión se hallaron inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada por las entidades involucradas.
Las autoridades detectaron además posibles esquemas de evasión fiscal derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias y de operaciones cuyo volumen no guarda proporción con los ingresos declarados. Se identificaron patrones asociados a actividades vulnerables del sector de apuestas relacionados con el lavado de activos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) designó a varios individuos y empresas, entre ellos Juan Pablo Penilla, señalado como abogado de Ismael Zambada alias «El Mayo»; Jesús Raymundo Ramos Vázquez; Eduardo Javier Islas Valdez; además de los establecimientos Casino Centenario, Diamante Casino y la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA).
Las autoridades mexicanas indicaron que las denuncias y el intercambio de información forman parte de las acciones coordinadas para avanzar en las indagatorias y las medidas administrativas y penales correspondientes.
