México carece de un sistema oficial para registrar los crímenes de odio contra personas de la diversidad sexual y de género. Esta situación fue resaltada por organizaciones civiles en el marco del Día Internacional contra la LGBTfobia, mientras documentaron al menos 24 asesinatos en los primeros meses de 2026, de los cuales 17 correspondieron a mujeres transgénero.
Activistas señalaron que la falta de registros diferenciados dificulta la comprensión de la violencia que enfrenta la comunidad LGTBI+ en el país, una realidad marcada por el subregistro, la impunidad y problemas en las investigaciones. Samuel Jair Martínez, coordinador del Observatorio de Crímenes de Odio de la organización Letra Ese, destacó que aunque los asesinatos de personas LGTBI+ mostraron un aparente descenso en 2025, esta disminución debe interpretarse con cautela, ya que podría haber dinámicas que incrementen los casos sin previo aviso.
Los primeros meses de 2026 han registrado 24 homicidios presuntamente relacionados con prejuicio, cifra que incluye 17 víctimas trans. Martínez también advirtió sobre agresiones dirigidas a defensores de derechos humanos LGBT+, documentando al menos 20 incidentes en los últimos tres años. Adicionalmente, las mujeres trans siguen siendo las principales víctimas de violencia letal, acaparando 35 de los 60 homicidios de personas LGTBI+ reportados en 2025.
Pese a las recomendaciones internacionales, México aún no cuenta con un sistema para registrar homicidios desde una perspectiva de orientación sexual e identidad de género. Letra Ese basa sus registros en notas de prensa y redes sociales, aunque los activistas subrayan que esta práctica no sustituye la responsabilidad estatal.
La violencia LGBTfóbica no se limita a los asesinatos, y muchas veces no aparece en las estadísticas. Amy Salazar, oficial del programa Identidad Sexual de la organización Balance, subrayó que la falta de registros diferenciados es una de las principales deudas del Estado, mientras que formas de discriminación como la lesbofobia permanecen fuera del debate público.
Salazar citó un diagnóstico de la UNAM que indica que cerca del 80% de hombres trans y personas no binarias han experimentado ideación suicida, así como un porcentaje significativo de mujeres bisexuales y lesbianas. Estas violencias impactan la salud mental y el bienestar de los afectados.
Además, persisten prácticas institucionales que invisibilizan a las víctimas trans, como la incorrecta categorización de transfeminicidios y el uso inadecuado de nombres y pronombres en informes oficiales. Activistas advirtieron que recientes cambios federales en la metodología de registro de delitos complican la comparación de cifras y el monitoreo de tendencias de violencia, un reclamo histórico de las organizaciones civiles.
La visibilización de casos recientes es el resultado de estrategias de colectivos en respuesta a la impunidad y la falta de reconocimiento institucional de la violencia LGBTfóbica. Los activistas concluyeron que no existen políticas públicas efectivas para combatir los prejuicios y prevenir la violencia.
