Una jueza de Campeche ha ordenado el desalojo de unas 40 familias menonitas de un predio de 342 hectáreas para entregarlo a un reclamante que no ha demostrado su propiedad. Los menonitas afirman tener un título inscrito desde 2012, validado por autoridades federales.
El propietario del terreno y representante de la comunidad menonita, Johan Neufeld Wall, señala que la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May concedió la posesión provisional al reclamante Luis Huitz Villarreal, quien sostiene que se trata de «tierras nacionales» pero no ha presentado documentación que acredite su propiedad. La compraventa del terreno, denominado «El Progreso y El Porvenir», se llevó a cabo en 2012 y fue escriturada en la Notaría Pública Número 12 de Campeche.
Representantes de la comunidad indican que Huitz Villarreal solo argumentó ser posesionario de terrenos colindantes. Pese a esto, la jueza ha ordenado al Ministerio Público desalojar a las familias menonitas y entregar provisionalmente las 342 hectáreas al reclamante mientras se resuelve el juicio sobre la propiedad definitiva.
Neufeld expresó que esta decisión causa un daño significativo a las familias, quienes han invertido entre 10 y 15 años de trabajo en el terreno. El litigio, que ha durado cuatro años, ha generado irregularidades y pérdidas económicas, afectando su capacidad para sembrar y cosechar maíz, sorgo y soya.
El martes, miembros de la comunidad menonita y del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano solicitaron la intervención de la Secretaría de Gobernación, argumentando que se les ha negado acceso a la justicia. El dirigente del FNRCM, Eraclio Rodríguez Gómez, afirmó que la documentación de propiedad ha sido validada por autoridades federales, y anunció la intención de presentar una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial.
Rodríguez también mencionó que se prevé interponer una demanda por daños una vez resuelto el asunto. La comunidad advierte que, si no hay intervención, se organizarán movilizaciones para exigir la restitución del predio, el cual cuenta con respaldo en el Registro Público de la Propiedad y el Registro Agrario Nacional (RAN), permitiéndoles acceder a programas federales y financiamiento.
