En Guanajuato capital parece que basta con levantar la mano, tomarse una fotografía y pronunciar un discurso sobre la patria para volver a presentarse como opción de gobierno.
Pero antes de hablar de candidaturas, el PAN tendría que exigir otro tipo de registro: el de las cuentas públicas, los contratos, los proveedores, el patrimonio y cada peso ejercido durante los gobiernos encabezados por Alejandro Navarro y Samantha Smith.
Sobre esta dupla pesan denuncias, señalamientos y expedientes relacionados con presuntos actos de corrupción, desvío de recursos y peculado.
No existe, hasta ahora, una sentencia que determine responsabilidades penales. Eso corresponde a las autoridades.
Lo que tampoco puede hacerse es fingir que las acusaciones no existen, como si una nueva fotografía partidista bastara para borrar años de cuestionamientos.
Quien pretende volver a gobernar debe comenzar por responder.
El poder como patrimonio familiar
Alejandro Navarro gobernó Guanajuato capital durante dos periodos consecutivos. Después, la candidatura quedó en manos de su esposa, Samantha Smith. No fue alternancia, Fue continuidad…
Cambió el nombre en la boleta, pero permanecieron el grupo, los operadores, los intereses y la estructura política que lleva años controlando el municipio.
Ahora Navarro vuelve a aparecer entre quienes buscan espacio dentro del PAN, mientras Samantha Smith mantiene abierta su ruta rumbo a 2027.
La discusión ya no es solamente quién de los dos aparecerá en la próxima elección.
La pregunta de fondo es otra:
¿Cuántos años más pretenden administrar Guanajuato capital como si fuera patrimonio familiar?
Ludovico Mata: el consigliere de la familia Navarro-Smith
Dentro de esa estructura sigue apareciendo el administrador de la caja chica Ludovico Mata.
Su papel sería otro: conservar el control de SIMAPAG para que el grupo Navarro-Smith mantenga una estructura política, administrativa y presupuestal desde la cual pueda reorganizarse.
Fuentes consultadas al interior del clan Navarro por esta columna sostienen que la verdadera disputa no es por impulsar ya una candidatura al 2027, sino por impedir que el organismo operador del agua salga de las manos de la familia Smith y siga funcionando como un aparato para mantener “políticamente” vivo al clan de los Smith.
El plan sería negociar la estructura política que, según ellos, construyeron durante años siguiendo las viejas prácticas del PRI: operadores territoriales, liderazgos de colonias, beneficiarios, proveedores, empleados, gestores y grupos acostumbrados a movilizarse cuando el poder los necesita.
La lógica es sencilla: aunque no tengan condiciones para ganar, pueden sentarse a negociar diciendo que controlan territorio, votos, operadores y recursos suficientes para inclinar una elección.
Eso les permitiría exigir posiciones, regidurías, direcciones y, sobre todo, conservar el control de espacios estratégicos como SIMAPAG.
El problema es que el apellido ya no llega limpio y las intenciones políticas de cualquier individuo de la familia Smith están casi extintas.
El daño es irreversible tan solo por la Auditoría Superior de la Federación, ya permiten hablar de casi ocho millones de pesos en montos observados o pendientes por aclarar durante la continuidad política de Alejandro Navarro y Samantha Smith.
En la Cuenta Pública 2022 se detectaron cerca de 548 mil pesos por pagos a empleados en plazas no contempladas en la plantilla autorizada, mientras que en 2024 quedaron pendientes por aclarar otros 7.36 millones vinculados con contratos de obra pública.
La cifra no representa todo el posible problema, porque la ASF sólo revisa muestras y recursos federales, pero sí constituye un piso documental suficiente para exigir una auditoría mucho más amplia sobre contratos, proveedores, nómina y obra pública del grupo Navarro-Smith.
Ludovico, posible sacrificado
Ludovico Mata podría convertirse en la pieza sacrificable del grupo Navarro-Smith.
Cuando el poder se fractura, quienes tomaron decisiones políticas suelen deslindarse y dejar la responsabilidad en quienes firmaron documentos o autorizaron pagos. Alejandro Navarro podría lavarse las manos, pero Ludovico y funcionarios de SIMAPAG y del municipio terminarían respondiendo.
Podrán contar con una tesorera disciplinada, controles internos y expedientes cuidadosamente integrados, pero en una auditoría seria los detalles terminan hablando: una adjudicación mal sustentada, un proveedor recurrente, una factura incompatible, una obra sin evidencia suficiente o una firma colocada en el documento equivocado pueden abrir responsabilidades administrativas e incluso penales.
Por Don Rommel
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