No a ocultar López Obrador datos públicos

Juan Miguel Alcántara Soria
La Suprema Corte de Justicia, por su Segunda Sala, autorizó al INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) el miércoles pasado a sesionar su pleno directivo con sólo 4 de sus 7 integrantes. Luego de que en marzo el secretario de Gobernación de AMLO fue al Senado a ordenar a legisladores de Morena y paleros no hacer 3 nombramientos pendientes, a fin de obstaculizar al INAI. De abril a este 15 de agosto, por parálisis se acumularon 8,236 impugnaciones a dependencias federales opacas, por impedir acceso a datos públicos. Los Ministros resolvieron reconocer al INAI ejercer todas sus atribuciones referentes a nuestros derechos humanos de transparencia de datos públicos, y protección de datos personales. “Resulta inviable paralizar el funcionamiento del organismo constitucional autónomo”, sentenciaron. La embestida de AMLO ha fortalecido a la Corte, que logra otro triunfo para el Estado de Derecho. Las dependencias más opacas recién identificadas son el IMSS con Cofepris (buscan ocultar el desastre de salud, exceso de mortandad, carencia de medicinas, contratos irregulares de mantenimiento), y la SEP (eliminó escuelas de tiempo completo y alimentos, elaboró libros de texto a oscuras, violando el debido proceso). Burócratas ejecutan instrucción de no transparentar en qué gastan, a quién compran, sin licitaciones ni concursos, sin vigilancia social alguna. No quieren rendir cuentas a lo que están obligados.
Uno de los asuntos recientes y más graves, donde López Obrador mete mano para opacar realidad, es en los números del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Obligó a la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Carla Quintana, a renunciar la semana pasada, no obstante que contribuía -no sin deficiencias- a visibilizar y dimensionar la crisis humanitaria de desaparecidos. Hay alarmas internacionales encendidas. Realizan un censo sobre personas desaparecidas. Los números enojaron a AMLO, y exigió su renuncia por negarse a maquillar cifras (Proceso, agosto 25). El “censo” lo realizan ahora “servidores de la nación” obradoristas, que por supuesto reducen cifras, sin aportar pruebas de vida o muerte de las personas presuntamente localizadas. Esta intervención de personal de la Secretaría del Bienestar en el “censo” es ilegal, porque no están en el catálogo de autoridades buscadoras que establece la Ley General en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas. Las cifras oficiales no pueden esconder tragedia: registran en época de Calderón 17,054 desaparecidos; de Peña Nieto 34,357. En lo que va de AMLO 43,919. Más los que se acumulen. Tartufo dirá tiene otros datos.
A esta pretensión de ocultar datos públicos hay que sumar otras decisiones de Amlo, como declarar de “seguridad nacional”, por tanto reservados, ocultables, datos de gasto público en obras de refinería, aeropuertos, tren ístmico, entre muchos. Si el caso de corrupción en Segalmex ya es mayor al de la “Estafa maestra” de tiempos de Peña, los nuevos casos que irán saliendo serán de dimensiones mayores a los gobiernos de éste, de López Portillo, o Salinas. Y con impactos más desastrosos en vidas, salud, educación, empleo del pueblo. Incluirán contratos de obras, adquisiciones, servicios y arrendamientos que han gestionado los hijos de AMLO para sus amigos.
El INAI, iniciativa ciudadana creada en tiempos de Fox, es la cabeza del Sistema Nacional de Transparencia. Cualquier persona que obtenga o use recursos públicos -municipales, estatales o federales-, tiene obligación de informar sobre su destino. Los Estados de Derecho democrático del mundo han avanzado en instituciones y procedimientos para la transparencia y la rendición de cuentas, como derecho ciudadano y obligación del servidor público. Son instrumentos para hacer más eficaces y satisfactorias las democracias. Bien por la Corte que restableció el orden constitucional, y devolvió a los ciudadanos condición para ejercer nuestros derechos a exigir cuentas. ¡Ejerzámoslos! La realidad y calidad de nuestra democracia depende de nosotros.