CDMX, 11 de marzo de 2024.- El CEM coincide de que la energía es el motor que impulsa la vida humana, nuestra industria y nuestra economía, siendo un elemento estratégico para el desarrollo, la seguridad y la sostenibilidad de nuestro país; por lo que la soberanía energética, garantiza el acceso a recursos energéticos, pero pensamos que lo más importante es que la electricidad sea barata y de calidad en beneficio directo de los mexicanos.
Insistir en una postura insensata y sin sustento de que debe protegerse una empresa pública, que además no ha demostrado su eficiencia operacional, altamente contaminante y miope ante las alternativas que ofrecen fuentes de energía renovables, más baratas y accesibles provenientes de la naturaleza como el viento y la energía solar, solo deja ver intereses mezquinos de gobierno, peor aún en el umbral del periodo electoral más importante del país, perdiendo legitimidad una propuesta de reforma con intenciones que favorezcan realmente al país y sus habitantes.
Asegurar nuestra estabilidad, suficiencia y autonomía energética, no es un asunto de política para fortalecer las capacidades del Estado y menos de las empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es más bien un tema de análisis acucioso y serio de los especialistas para reconvertir un sistema que no ha funcionado, ni funcionará si no se incluyen en la ecuación energías renovables, limpias y más baratas como generadores.
El objetivo entonces es beneficiar a las familias mexicanas y los negocios con tarifas económicas, sin importar quien venda la energía, y en ese sentido el papel de la CFE es irrelevante porque solo debe ser un medio, no un fin para lograrlo.
Estamos convencidos de que el punto neurálgico que permitiría mantener la soberanía energética no se centra en fortalecer la producción de la entidad pública responsable, sino garantizando a través de la nación que la transmisión y distribución sea de calidad con infraestructura robusta, de actualidad y suficiente, aprovechando la generación de mejores, más baratas y más eficientes fuentes alternas, que, gracias a la tecnología, ya no es la que se obtiene de combustibles fósiles.
Uno de los ejemplos más claros de la importancia de la energía como derecho humano para su desarrollo es el que experimentamos hace 4 décadas cuando solo existía una empresa telefónica que ofrecía el servicio público en todo el país y se limitaba a la adquisición por parte de la clase media y alta de la población que podía adquirirla, hasta que la propia fuerza del mercado, la necesidad de comunicación y la tecnología evolucionaron para hacerla accesible a todos, logrando que hoy en día más de 90 millones de mexicanos de cualquier estrato social accedamos a la telefonía celular. Este conjunto de elementos involucrados en el desarrollo de las comunicaciones logró que hoy contemos con un servicio barato gracias a la competencia de las empresas privadas de telefonía y a la creación de un órgano regulador autónomo, que ha vigilado la sana competencia en favor de los mexicanos.
En conclusión, el papel del Estado en sectores estratégicos como el de energía eléctrica es establecer una regulación clara y equitativa, así como vigilar que no se monopolice garantizando su acceso a toda la población, dejando que los expertos en generación aporten para su mejor aprovechamiento las fuentes y se transformen, siendo el estado quién la transfiera y distribuya con la infraestructura y tecnología a su alcance para que llegue a buen precio al consumidor sea doméstico o comercial.
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