Este martes, el Tribunal Supremo de México enfrenta una decisión de gran trascendencia para el futuro democrático del país: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votará sobre un proyecto de sentencia elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Este proyecto propone invalidar aspectos fundamentales de la reforma judicial que busca cambiar profundamente el sistema de elección y las facultades de jueces y magistrados en México.
En un contexto donde la independencia y el equilibrio de los poderes son pilares de una democracia saludable, la propuesta de Alcántara Carrancá plantea revertir la decisión de elegir a jueces y magistrados por voto popular, limitando esta medida a los ministros y magistrados del Tribunal Electoral. Esta medida, según el ministro, es clave para proteger la imparcialidad judicial, manteniendo a los jueces de distrito y magistrados de circuito fuera de las presiones políticas que pueden surgir de elecciones populares. Este enfoque refuerza la visión de un Poder Judicial profesional y autónomo, fundamental para la protección de los derechos y libertades en una democracia.
El proyecto también conserva la extinción de los fideicomisos judiciales, una medida que ha generado debate en torno a la transparencia y los recursos del Poder Judicial. Al mismo tiempo, establece un principio de justicia económica, eximiendo de recortes salariales a los jueces actuales y aplicándolos únicamente a los futuros, buscando así un equilibrio entre la sostenibilidad económica y el respeto a los derechos adquiridos.
Otra propuesta relevante es la limitación de las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial, para que sus sentencias no sean inatacables, lo cual apunta a una mayor rendición de cuentas dentro del propio Poder Judicial.
En temas de control constitucional, el proyecto sostiene la posibilidad de admitir acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, protegiendo así los derechos de los ciudadanos y de las instituciones frente a posibles abusos de poder, otro eje fundamental en una república democrática. A pesar de la controversia sobre el derecho de partidos políticos como Movimiento Ciudadano, PRI y PAN para impugnar reformas constitucionales, el ministro concluyó que su acción es válida, fortaleciendo el papel de la SCJN como garante del equilibrio de poder en México.
Sin embargo, la reciente aprobación de la llamada «supremacía constitucional» por parte del Congreso, que limita las facultades de la Corte para revisar reformas a la Constitución, genera un nuevo y preocupante desafío a la independencia judicial. Este cambio, que agrega un párrafo al artículo 105 de la Constitución, pretende impedir que la SCJN pueda revertir reformas constitucionales, planteando un límite inédito a su autoridad en casos como la reforma judicial.
El proyecto, que se someterá a votación este martes, no es solo una revisión técnica de una reforma: es una decisión sobre el equilibrio de poderes, la independencia judicial y el futuro democrático de México. La resolución de la SCJN no solo afectará a los jueces y magistrados, sino que tendrá implicaciones profundas para los derechos y libertades de todos los ciudadanos, consolidando o debilitando el sistema de contrapesos esencial para preservar la democracia en el país.
Para bien o para mal, somos testigos de la historia; este acto marca el futuro de los mexicanos.
