Unos 130 alumnos y miembros del personal de una escuela católica en el estado de Níger, Nigeria, fueron puestos en libertad, informó la policía, aunque las autoridades mantienen la búsqueda de 35 personas que todavía se consideran desaparecidas.
El secuestro original afectó al menos a 303 estudiantes y 12 docentes de la escuela St. Mary, en la comunidad de Papiri, durante un ataque ocurrido en noviembre. En las primeras horas tras el asalto, alrededor de 50 rehenes lograron escapar y, semanas después, unas cien alumnas habían sido entregadas o liberadas en operaciones previas. Según la policía estatal, la reciente liberación completa un grupo de 130 víctimas, que incluye empleados de la escuela; sobre las 35 personas faltantes, las autoridades anunciaron que ofrecerán más detalles en su momento.
Portavoces oficiales del gobierno federal señalaron que la liberación fue el resultado de un operativo apoyado en información de inteligencia y que los liberados serían trasladados a la capital del estado, Minna, para reunirse con sus familias, en el marco de las celebraciones navideñas. Dos voceros presidenciales confirmaron además que, según los reportes hasta ahora, no quedan personas en cautiverio vinculadas a este incidente.
Ninguna organización se ha atribuido la autoría del ataque. Habitualmente, comunidades locales responsabilizan a bandas armadas que realizan secuestros masivos —tanto en escuelas como a viajeros— con fines de cobro de rescates. En semanas recientes se registraron otros episodios similares, como la captura de 25 estudiantes en Maga, en el vecino estado de Kebbi, y el secuestro de 38 feligreses en una iglesia del estado de Kwara; esos grupos fueron liberados posteriormente.
El caso ha generado presiones sobre el Ejecutivo nigeriano tanto internas como externas; autoridades extranjeras han criticado la gestión de la seguridad y líderes internacionales han señalado que las comunidades cristianas han sido blanco de ataques. Analistas coinciden en que los gobiernos suelen reservarse los detalles de los operativos de rescate y que las detenciones en estos casos son poco frecuentes. También apuntan a la práctica extendida de pagos de rescate como un factor que alimenta este tipo de delitos, una circunstancia que las autoridades niegan públicamente.
El episodio intensifica el debate sobre la responsabilidad gubernamental en materia de seguridad y sobre las estrategias para contener a las redes criminales que operan en el centro y norte del país.
