En una reciente sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, se ha presentado una propuesta conocida como la “Ley Bache”, impulsada por un legislador del partido Morena. Esta iniciativa tiene como objetivo modificar el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal para permitir que estados y municipios destinen recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) a la rehabilitación y mantenimiento de calles y avenidas, en lugar de limitar su uso a la construcción de obras nuevas.
El legislador argumentó que esta modificación responde a una demanda ciudadana, dado que el 84% de los mexicanos identifican los baches como uno de los problemas más importantes en las ciudades. En algunas regiones, la población considera que el mal estado de las calles es un tema más grave que la inseguridad, especialmente tras los daños ocasionados por fenómenos meteorológicos.
La propuesta se centra en el hecho de que los municipios pueden construir calles, pero no utilizar el mismo fondo para su mantenimiento, lo que el legislador describió como una “paradoja”. La «Ley Bache» busca flexibilizar esta restricción, permitiendo a los ayuntamientos decidir si el dinero del FAIS se destina a la construcción, rehabilitación o conservación de la infraestructura existente, sin necesidad de solicitar un presupuesto adicional.
La iniciativa surge a raíz de una solicitud del alcalde de Toluca y cuenta con el respaldo de presidentes municipales de diversos partidos. Si se aprueba, los fondos podrían utilizarse para reparar calles y carreteras dañadas, atender la infraestructura afectada por desastres naturales y realizar mantenimiento preventivo para evitar colapsos más costosos.
Según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, el 84.9% de los ciudadanos considera los baches como un problema urbano prioritario. En ciudades como Oaxaca y Puebla, las cifras son alarmantes, con porcentajes que superan el 95%.
Los recursos disponibles en el FAIS superan los 123 mil millones de pesos, pero las reglas actuales limitan su uso a la construcción y ampliación, marginando el mantenimiento de la infraestructura existente. La propuesta se encuentra en proceso de análisis en comisiones y podría ser dictaminada antes de finalizar el año legislativo, con la intención de que, si se aprueba, pueda ser implementada en 2026.
