En México, la Suprema Corte de Justicia informó sobre la desaparición de cuatro camionetas blindadas que estaban asignadas a la institución, hecho que motivó una explicación pública de su nueva integración. La situación tiene relevancia local por el uso de bienes públicos y las decisiones administrativas del máximo tribunal.
Los ministros Hugo Aguilar Ortiz y Arístides Guerrero García denunciaron en conferencia de prensa que miembros de la anterior integración se llevaron cuatro camionetas tipo Suburban que estaban en mejores condiciones. Señalaron que esos vehículos fueron adquiridos por la gestión anterior y ya no estaban disponibles para el nuevo Pleno.
El tribunal convocó a la rueda de prensa para explicar el destino de nueve camionetas blindadas que se habían comprado para la nueva integración y que finalmente no se van a utilizar. La compra y la decisión de no emplearlas generó dudas sobre la gestión de activos vehiculares.
Aguilar Ortiz explicó que, al asumir, recibieron 39 vehículos porque la anterior integración había adquirido cuatro unidades que dejaron fuera del lote. Afirmó que la práctica obedeció a un acuerdo del pleno anterior que permitió a quienes se retiraban comprar los vehículos que tenían asignados.
Guerrero García agregó que, además de las camionetas, la anterior integración se llevó obras de arte y planteó cuestionamientos sobre la posibilidad de adquirir automóviles a precios inferiores a los del mercado. Indicó que la decisión se tomó en el pleno anterior a propuesta de la entonces ministra presidenta Norma Piña Hernández.
El ministro Guerrero declinó dar nombres de los ministros en retiro que hicieron uso de ese beneficio y pidió esperar a las auditorías en curso sobre la gestión anterior. La Corte anunció que se revisarán los procedimientos administrativos correspondientes.
Aguilar Ortiz aclaró que los vehículos no fueron robados sino que la salida se hizo conforme a un procedimiento de desincorporación previsto en el reglamento del Poder Judicial de la Federación. El tribunal enfatizó que las acciones serán documentadas y sujetas a las revisiones administrativas que correspondan.
