La decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito afecta directamente a centros de detención ubicados en Texas y Luisiana y a las comunidades fronterizas donde se concentra gran parte de la retención de migrantes, al avalar una política que limita el acceso a fianza para detenidos indocumentados.
En un fallo dividido, la corte respaldó la interpretación del Gobierno que sostiene que ciertos migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no tienen derecho a una audiencia de fianza.
El tribunal argumentó que, tras revisar la Ley de Inmigración y Nacionalidad y su historia estatutaria, la postura de la Administración es correcta en relación con la detención sin audiencias de fianza de ciertos solicitantes de admisión.
Esa ley, vigente desde hace décadas, exige la detención sin audiencias de fianza de todos los solicitantes de admisión, aunque en la práctica gobiernos anteriores habían aplicado la medida de forma más limitada, permitiendo audiencias para evaluar riesgo de fuga.
El fallo revierte decisiones de tribunales inferiores que declararon ilegal la interpretación gubernamental y proporciona un marco legal para que la Administración mantenga detenciones y proceda con deportaciones en el marco de su política migratoria.
La fiscal general celebró la resolución y afirmó que seguirán defendiendo en los tribunales la agenda de seguridad y orden público de la Administración.
Se espera que otras cortes de apelación se pronuncien sobre la misma cuestión, en un proceso que podría terminar ante el Tribunal Supremo.
