La Fiscalía de la Ciudad de México ofreció una disculpa pública a los familiares de Julio César Cervantes Cabañas, desaparecido en 2021. Su cuerpo fue entregado al Instituto Politécnico Nacional tras ser identificado incorrectamente.
Durante el acto, la fiscalía reconoció deficiencias en el procedimiento que vulneraron los derechos de la víctima y de su familia, afectando la búsqueda y la atención que debían recibir. Esta disculpa fue emitida conforme a la recomendación 09/2025 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Se señalaron violaciones a derechos humanos antes y después de su muerte, como la entrega del cuerpo al IPN el 21 de enero de 2024 sin una identificación adecuada, a pesar de que se contaba con un perfil genético proporcionado por sus padres.
La Comisión de Derechos Humanos afirmó que en ese momento la Fiscalía General de Justicia no cumplió con el debido proceso para la identificación de Julio César. Los funcionarios no realizaron las investigaciones necesarias, lo que resultó en la clasificación de su caso sin el debido seguimiento por parte de las diferentes dependencias involucradas.
En cuanto al caso de Julio César Cervantes, quien tenía una discapacidad intelectual, este salió de su hogar en la alcaldía Álvaro Obregón el 20 de septiembre de 2021 y no volvió. La familia interpuso una denuncia, aunque hubo confusión sobre la fecha en que desapareció.
Después de tres años, su cuerpo fue encontrado en Coyoacán, y a pesar de que la fiscalía había recibido muestras genéticas de sus padres, no se utilizaron para identificarlo. Esto llevó a que fuera donado al IPN sin ser reconocido.
En noviembre de 2024, la familia tuvo que someterse a una prueba adicional para confirmar la relación genética con los restos, pero la entrega del cuerpo se retrasó. Las omisiones en el proceso se catalogaron como indicativas de una «desaparición administrativa», resaltando fallas en la coordinación entre las autoridades.
La Fiscalía se comprometió a no repetir estos errores en futuros casos. Además, el Instituto de Ciencias Forenses se comprometió a evitar convenios similares con instituciones educativas, asegurando que no se repita lo ocurrido con Julio César Cervantes Cabañas.
