La Fiscalía General de la República (FGR) reafirma la investigación en el caso de «huachicol» fiscal que involucra al exgobernador Ernesto Ruffo y a siete personas más. Las autoridades aseguran que hay evidencias que demuestran la participación de estos implicados en el contrabando de combustible.
En respuesta a una carta de exmandatarios que denuncia una supuesta persecución política, la fiscalía sostiene que las investigaciones han puesto de manifiesto la posible implicación de los acusados en actividades delictivas.
El caso se originó a partir del descubrimiento de 33 ferrotanques en Coahuila, lo que llevó a la FGR a extender las indagaciones hacia entidades en San Luis Potosí y Nuevo Laredo. La fiscalía califica esta operación como de «mayor dimensión», destacando que la principal empresa involucrada, Ingemar, cuenta con Ernesto Ruffo y José Merino entre sus participantes.
Se detalla que ambos individuos habrían tenido roles en administración y comercio exterior, así como en gestiones ante autoridades aduaneras y fiscales. La FGR reitera que «Ernesto ‘N’ no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos, sino que se investiga su probable participación en conductas delictivas».
