Las demandas civiles y penales contra periodistas y medios de comunicación se han convertido en una herramienta cada vez más utilizada para presionar a la prensa en México. Durante 2025 se registraron 69 procesos de este tipo, aproximadamente uno cada seis días y el triple que el año anterior, de acuerdo con Artículo 19, organización dedicada a vigilar la libertad de expresión.
Defensores del periodismo advierten que el uso de los tribunales puede resultar más eficaz que las presiones económicas o políticas porque proyecta una apariencia de legalidad. Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas, señaló que algunos políticos han encontrado en las demandas una vía para silenciar críticas sin recurrir abiertamente a la censura.
El caso de Tribuna, un periódico con cinco décadas de historia en Campeche, ilustra el impacto de estas prácticas. Tras el cambio de gobierno estatal en 2021, el medio perdió la publicidad oficial que contribuía a sostener su operación y dejó de imprimirse en 2024. Aunque continuó publicando en internet, su exeditor Jorge Luis González enfrentó denuncias por daño moral, violencia política de género y discurso de odio.
A mediados de 2025, una de esas acusaciones derivó en una resolución que le prohibía ejercer el periodismo durante dos años y ordenaba que un censor judicial revisara previamente los contenidos de Tribuna. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa calificaron la medida como censura previa y alertaron sobre el precedente que podría establecer. González apeló y un juez suspendió temporalmente las restricciones mientras se emite una resolución definitiva.
¿Qué riesgos enfrentan los periodistas y qué medidas siguen?
Reporteros locales sostienen que las autoridades de Campeche han modificado sus mecanismos de presión: en lugar de limitarse al retiro de publicidad, ahora recurren a procedimientos legales. Layda Sansores ha rechazado perseguir o censurar a la prensa y sostiene que sus demandas buscan proteger a las mujeres.
El entorno se agrava por la violencia contra el gremio. El Comité para la Protección de los Periodistas reportó siete asesinatos de periodistas durante el año, cinco de ellos en un periodo menor a tres meses. En Veracruz, el reportero de nota criminal Rafael León afirmó que, aunque se retiraron cargos de terrorismo en su contra tras la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, ahora trabaja con miedo y publica menos.
- Punto clave / Qué ocurrió: En 2025 se contabilizaron 69 demandas contra periodistas o medios en México.
- Impacto o alcance: Las acciones legales afectan la publicación de información y se suman a asesinatos, intimidación y presión económica.
- Qué sigue: González mantiene la apelación de las medidas impuestas, mientras activistas impulsan leyes de protección en Campeche.
Expertos de la ONU han advertido que las leyes basadas en conceptos vagos pueden convertir a jueces y gobiernos en árbitros de la verdad. En paralelo, una nueva regulación federal sobre los derechos de las audiencias genera preocupación entre observadores, mientras la prensa local y las organizaciones civiles mantienen el reclamo de garantías efectivas para ejercer el periodismo sin censura ni represalias.
