Una indagatoria judicial apunta a posibles irregularidades entre fedatario público y la división fiduciaria de la entidad financiera en el caso de la Central de Abastos de Guanajuato, señalando el presunto uso de firmas apócrifas para fabricar contratos, cartas de instrucción y recibos de pago con una triangulación de pasivos millonarios.
GUANAJUATO, Gto. Lo que nació como un proyecto de alto impacto social para edificar la Central de Abastos de Guanajuato, hoy es objeto de una investigación por presuntas irregularidades patrimoniales, financieras y notariales. Las autoridades analizan una serie de movimientos mediante los cuales un predio de más de 27 mil metros cuadrados en Cervera adquirido originalmente al municipio de Guanajuato habría modificado su estructura de propiedad. En este proceso, se indaga la participación operativa de Banco del Bajío y si los esquemas utilizados afectaron el desarrollo del proyecto original.
Las recientes revisiones judiciales buscan esclarecer las condiciones bajo las cuales se dio la salida de los socios fundadores, así como determinar el grado de responsabilidad corporativa de Banco del Bajío. La investigación se centra en evaluar si la actuación de la institución bancaria y del notario público, influyó en que el patrimonio social terminara fragmentado, reestructurado y, presuntamente, revendido en una fracción al propio Gobierno del Estado para la construcción del libramiento a Cervera.
La arquitectura del fideicomiso y la concentración del control
El proyecto se formalizó mediante la constitución de un fideicomiso administrado por Banco del Bajío. Concebido inicialmente bajo una distribución equitativa entre los tres socios fundadores para impulsar la Central de Abastos de Guanajuato, A.C., la estructura del contrato habría mutado gradualmente hacia un esquema de opacidad fiduciaria.
A través de diversos instrumentos públicos, se investiga cómo se alteró paulatinamente el control financiero y operativo del proyecto mediante las siguientes acciones clave:
· Adquisición y apalancamiento inicial: Tras concretarse la compra del terreno en Cervera al Municipio, el inmueble fue gravado de inmediato con un crédito hipotecario, lo que obligó de manera solidaria a los socios.
· Aportación al fideicomiso: Finalmente, se consumó la integración formal del predio al fideicomiso de la institución bancaria y se estableció un Comité Técnico para su manejo.
· Reestructuración de beneficios: Se modificó la estructura original del acuerdo de manera presuntamente desproporcionada, para canalizar los beneficios derivados del negocio a favor de uno de los socios.
La presunta cesión irregular: Exclusión y control
El equilibrio de la sociedad se habría roto mediante una supuesta cesión de derechos, cuya autenticidad actualmente está bajo investigación. A través de este presunto mecanismo irregular, se ejecutó la exclusión de dos de los socios fundadores para concentrar los beneficios y el control en un solo socio.
La investigación señala que esta maniobra incluyó la presunta falsificación de cartas de instrucción dirigidas al fideicomiso. El proceso avanzó y se materializó debido a que, de acuerdo con los señalamientos, ni el Banco del Bajío en su calidad de fiduciario ni el notario público involucrado habrían exigido la ratificación de las firmas, omitiendo los protocolos de verificación elementales. Sin este filtro legal, la exclusión de los afectados fue dada por válida, dejando el control total del patrimonio a merced de una sola parte.
El Banco del Bajío ante los tribunales: Omisión fiduciaria y documentos cuestionados
El proceso de pérdida patrimonial habría culminado con la extinción irregular del fideicomiso y una dación en pago. Según los alegatos, esta operación se formalizó ante notario público a partir de cartas de instrucción cuya autenticidad está actualmente bajo investigación judicial. La maniobra se consolidó meses después con la venta de las primeras fracciones a una empresa de terceros, hecho que detonó la notificación del despojo a los socios afectados.
Al escalar el caso a los tribunales, la demanda interpuesta y la carpeta de investigación en el Ministerio Público contra Banco del Bajío, señala presuntas omisiones y fallas de control institucional por parte de la fiduciaria:
· Contradicciones en la carta de instrucción: El notario involucrado ha argumentado que actuó bajo una supuesta cesión de derechos y carta de instrucción emitida por el Comité Técnico (socios integrantes), sin embargo, nunca verificó y ratificó la firma de los dos socios afectados, además el expediente presentado por el notario difiere sustancialmente del expediente presentado por el propio Banco del Bajío. Este choque de versiones dejaría al descubierto presuntas manipulaciones en el proceso de extinción del fideicomiso.
· Convalidación de firmas en litigio: Se señala que la defensa legal del banco contestó la demanda dando por válidos documentos que forman parte de la investigación por contener firmas presuntamente apócrifas. Se cuestiona que, en lugar de actuar como un fiduciario diligente en la protección de los bienes en custodia, la institución bancaria convalidó la extinción del fideicomiso basándose en documentación cuestionada y omitiendo la verificación de las firmas reglamentarias.
El presunto patrón de irregularidades y fallas estructurales Este expediente se suma a otros cuestionamientos judiciales y regulatorios que enfrenta Banco del Bajío por presuntas anomalías fiduciarias y posibles omisiones en sus controles internos. Se investiga si la institución bancaria, en su rol de custodio y garante de la fe mercantil, habría incurrido en negligencia al presuntamente avalar la pérdida de un terreno millonario mediante instrumentos señalados como viciados y firmas bajo escrutinio por presunta falsificación.
Señalamientos apuntan a que la entidad bancaria estaría vinculada a la parálisis de desarrollos inmobiliarios de alto valor debido a posibles irregularidades, lo que ha generado acusaciones de un presunto patrón en la administración de fideicomisos. Un caso paralelo que se cita en las investigaciones es el expediente La Encantada, el cual expondría presuntas fallas estructurales de su División Fiduciaria.
De acuerdo con las indagatorias, el caso de la Central de Abastos de Guanajuato trasciende la disputa entre particulares; representaría un presunto modus operandi donde áreas de la banca privada en este caso apuntando a Banco del Bajío y la fe pública notarial habrían operado en conjunto para facilitar un presunto despojo a los dueños originales y mercantilizar suelo de origen público.
Con los procesos judiciales en curso y a la espera de un fallo, las partes afectadas exigen medidas contundentes: una auditoría urgente a la Notaría No. 65 de León y la intervención de autoridades financieras y penales para determinar las responsabilidades de Banco del Bajío y esclarecer si la confianza fiduciaria fue vulnerada y utilizada como instrumento para el presunto despojo patrimonial.
