La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, respaldó el 28 de septiembre de 2026 la creación de un registro público de personas y empresas sancionadas por incumplir la legislación ambiental, como parte de la iniciativa presidencial para expedir una nueva Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Durante las audiencias públicas sobre la propuesta, la funcionaria explicó que el registro permitiría identificar a quienes hayan provocado daños ambientales o recibido multas y sanciones. Una de sus consecuencias sería limitar temporalmente el acceso de los infractores a determinados beneficios del Gobierno federal.
La medida es presentada como una herramienta para evitar la repetición de daños por parte de los mismos promoventes. Bárcena comparó el mecanismo con los registros utilizados en materia fiscal y sostuvo que la información podría ser útil para que la sociedad conozca qué personas o empresas han sido sancionadas por conductas contrarias a la legislación ambiental.
¿Cómo funcionaría el registro de infractores ambientales?
De acuerdo con la explicación de la secretaria, las empresas tendrían la posibilidad de realizar una evaluación propia y presentar información sobre las actividades que desarrollan. A partir de esos datos, la autoridad efectuaría revisiones aleatorias para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales.
Bárcena reconoció que la propuesta genera preocupación en el sector empresarial, pero señaló que el objetivo inicial es establecer un registro que tenga utilidad pública. También admitió que la Semarnat no cuenta con capacidad para revisar cada caso de manera permanente, por lo que el esquema contemplaría una vigilancia selectiva y acciones cuando se detecten incumplimientos.
En términos prácticos, la propuesta podría tener efectos tanto para empresas como para dependencias federales encargadas de otorgar beneficios públicos. Sin embargo, el alcance definitivo de las restricciones, el tipo de información que sería público y los criterios para las evaluaciones todavía dependen de la discusión legislativa.
La titular de la Semarnat recordó que han transcurrido 38 años desde la emisión de la primera ley federal en la materia. Según expuso, la nueva iniciativa busca actualizar la respuesta institucional y frenar el daño ambiental mediante mayores mecanismos de identificación, seguimiento y responsabilidad.
- Punto clave / Qué ocurrió: Alicia Bárcena respaldó crear un registro público de infractores ambientales.
- Impacto o alcance: Personas y empresas sancionadas podrían enfrentar limitaciones temporales para acceder a determinados beneficios del Gobierno federal.
- Qué sigue: La iniciativa continuará bajo análisis y discusión en la Cámara de Diputados.
La propuesta aún se encuentra en etapa de audiencias públicas y debate legislativo. La Cámara de Diputados deberá definir si incorpora el registro al nuevo marco legal y establecer sus reglas de operación, alcances y mecanismos de evaluación.
