Las nuevas directrices sobre los derechos de las audiencias, anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, han generado un notable impacto en el ámbito político, desatando críticas que resuenan hasta el Palacio Nacional. La oposición se ha intensificado, incluyendo a figuras influyentes como el magnate Carlos Slim, quien busca mitigar posibles repercusiones sobre Claro TV. En respuesta, el oficialismo está considerando reformas que podrían disminuir las tensiones y facilitar el avance de la iniciativa propuesta.
Fuentes del gobierno han indicado que la controversia en torno a esta propuesta ha dejado en una situación delicada a Luisa María Alcalde, la consejera jurídica responsable del diseño de la iniciativa. La respuesta de diversas organizaciones civiles, así como de la oposición política y sectores del periodismo, ha creado un escenario desfavorable para Sheinbaum, quien se esfuerza por eludir acusaciones de censura.
En este contexto, el oficialismo contempla ajustes significativos. Uno de los cambios en discusión es la redefinición de los “defensores de audiencias”. Inicialmente, Alcalde propuso que cada medio de comunicación estableciera un código de ética, designando a un responsable y habilitando mecanismos para atender quejas ciudadanas. En su lugar, se examina la opción de implementar defensores sectoriales específicos para radio y televisión.
Otro aspecto que podría ser revisado es el régimen de multas para aquellos medios que incumplan con las normativas propuestas. El acuerdo original contemplaba sanciones del 1% de la utilidad neta en caso de que las quejas de la ciudadanía no fueran atendidas adecuadamente. En este momento, se evalúa la posibilidad de ajustar este porcentaje para evitar repercusiones económicas severas.
Asimismo, las fuentes consultadas destacan que la influencia de Carlos Slim ha sido crucial para la consideración de estos cambios, dado su estrecho vínculo con la Cuarta Transformación y sus inversiones significativas en proyectos vinculados con la actual administración. La iniciativa proposta, que puede afectar a Claro TV, ha motivado a la administración a reexaminar su enfoque.
Es relevante señalar que el rechazo de Slim contrasta con las acciones previas de su equipo de asesores, quienes, bajo la dirección de la analista Irene Levy, habían defendido estas medidas durante años. Como señala un análisis en tono irónico de fuentes gubernamentales, la diferencia entre promover reformas y enfrentar sus efectos en los resultados económicos es notable.
Además, Sheinbaum busca distanciarse de las acusaciones que la asocian con políticas de estilo chavista, un estigma que ha generado recelo en el progresismo latinoamericano tras los intensos debates que despertó Hugo Chávez. Las críticas a la iniciativa complican la situación de las inversiones privadas en un momento en que el gobierno federal busca lanzar el Plan México, un esfuerzo clave para revitalizar la economía y superar el desempeño flojo observado en meses recientes.
