El gobierno de Chihuahua ha solicitado la intervención del gobierno federal en el municipio de Guadalupe y Calvo debido a un incremento de la violencia por parte de grupos criminales, lo que ha provocado el desplazamiento forzado de familias en la Sierra Tarahumara.
Durante una conferencia de prensa, Enrique Rascón Carrillo, secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, informó que numerosas familias, muchas de ellas indígenas, han abandonado sus hogares a causa de las disputas territoriales entre organizaciones delictivas.
Aunque Rascón Carrillo reconoció que la lucha contra el crimen organizado es competencia del gobierno federal, subrayó que el estado está tomando medidas para atender a las personas desplazadas y garantizar sus derechos. Sin embargo, destacó la necesidad de una mayor participación del gobierno federal ante la gravedad de la situación.
En este contexto, el secretario solicitó cinco acciones específicas a la federación. Entre ellas, incluir el desplazamiento interno en las mesas de construcción de paz y reforzar la atención en temas de alimentación, salud, vivienda y educación. También pidió fortalecer la estrategia de seguridad en los municipios serranos y restablecer los servicios federales en las comunidades afectadas.
Por su parte, Sahara Cárdenas, subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos, y Norma Ledezma, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, indicaron que se han activado mecanismos de acompañamiento y habilitado albergues temporales con artículos de primera necesidad para las familias desplazadas. Adicionalmente, se ha proporcionado apoyo psicológico y jurídico, así como la restitución de documentos personales y acompañamiento para un retorno seguro.
El gobierno de Chihuahua, a pesar de su petición de intervención federal, reafirmó su compromiso de proteger a las familias desplazadas y de fortalecer su presencia institucional en la Sierra Tarahumara.
