La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar una reforma electoral estatal que buscaba impedir la intromisión de la delincuencia organizada en los comicios. La mandataria sostuvo que la resolución deja abierta la posibilidad de que un candidato conserve la candidatura e incluso vuelva a competir después de beneficiarse de dinero, amenazas o violencia criminal.
De acuerdo con Campos, la reforma aprobada por el Congreso de Chihuahua pretendía evitar que el narcotráfico influyera en quién se registra, quién compite y quién gana una elección. La iniciativa fue respaldada por la mayoría legislativa, pero, según la gobernadora, fue rechazada por la bancada de Morena.
La mandataria afirmó que la medida representaba un blindaje para los procesos electorales y que Chihuahua había cerrado una vía de acceso al crimen organizado. En su lectura, la invalidación de la norma elimina consecuencias para quienes obtengan ventajas electorales mediante financiamiento ilícito o acciones violentas durante las campañas.
¿Qué impacto advierte la gobernadora para las elecciones?
Campos señaló que, sin la reforma, un candidato que gane con apoyo económico, amenazas o armas vinculadas con el narcotráfico podría conservar su candidatura. También advirtió que, si una elección tuviera que repetirse, esa persona podría volver a competir bajo las mismas condiciones, al no existir —según su postura— un mecanismo estatal específico que impida su participación.
La gobernadora responsabilizó a Morena tanto por votar en contra de la reforma como por acudir posteriormente a la SCJN para solicitar que fuera invalidada. A partir de ello, acusó al partido de buscar condiciones que le permitan financiarse con dinero ilícito y utilizar a delincuentes en las elecciones. Estas afirmaciones forman parte de su posicionamiento político tras la resolución judicial.
Campos también destacó que la ministra Yasmín Esquivel votó a favor del criterio defendido por Chihuahua, al considerar que la intervención del crimen organizado vulnera la libertad del voto. La gobernadora sostuvo que una decisión judicial puede eliminar una ley, pero no la determinación de la población de enfrentar el miedo y evitar que la delincuencia elija a sus gobernantes.
- Punto clave / Qué ocurrió: La SCJN invalidó la reforma electoral de Chihuahua contra la intromisión del crimen organizado, según lo expuesto por la gobernadora.
- Impacto o alcance: Campos advierte que un candidato beneficiado por dinero, amenazas o violencia criminal podría conservar la candidatura y volver a competir.
- Qué sigue: El debate queda abierto en torno a las consecuencias legales y electorales de la participación del crimen en campañas y comicios.
Hasta el momento, la información disponible se concentra en las declaraciones de María Eugenia Campos sobre el alcance de la resolución. La controversia enfrenta la defensa estatal de mayores controles contra la delincuencia organizada con el criterio judicial que dejó sin efecto la reforma aprobada en Chihuahua.
