En Ciudad de México, dirigentes y coordinadores parlamentarios de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde anunciaron el respaldo conjunto al denominado Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta de la República, con énfasis en medidas de alcance local. El anuncio se realizó en un contexto de tensiones previas dentro de la coalición gobernante, pero los partidos mostraron disposición a avanzar en la iniciativa.
Los representantes de la coalición indicaron que la propuesta pretende reducir privilegios políticos, fortalecer la participación ciudadana y generar ahorros en el gasto público. Señalaron que las modificaciones se orientan principalmente a cambios en leyes locales y en la legislación secundaria tras el rechazo de la propuesta constitucional original.
La dirigencia de Morena señaló que el Plan B busca una democracia más austera y cercana a la ciudadanía, con menos estructuras burocráticas que, según sus palabras, han sostenido privilegios por años. Añadieron que parte del objetivo es destinar más recursos directamente a municipios y estados mediante la reducción de gastos administrativos.
El Partido Verde expresó que acompaña la iniciativa para construir instituciones más eficientes y menos costosas; su coordinador en el Senado explicó que la propuesta incluye límites al gasto legislativo en las 32 entidades y modificaciones en la integración de los cabildos municipales. Enfatizaron que los recursos liberados podrían redirigirse a infraestructura, programas sociales y desarrollo regional.
El Partido del Trabajo reiteró su respaldo presidencial y sostuvo que el Plan B no afecta los avances democráticos alcanzados en décadas anteriores, manteniendo principios de pluralidad y competencia electoral. Los dirigentes afirmaron que la iniciativa busca mejorar el funcionamiento institucional del sistema político sin debilitar la certeza electoral.
Coordinadores parlamentarios de la coalición informaron que trabajarán para procesar la iniciativa en las cámaras una vez que sea turnada, y calificaron el acuerdo como un paso para mantener la unidad política del bloque gobernante. Señalaron además que la propuesta busca combatir excesos presupuestales y fortalecer mecanismos de rendición de cuentas.
El Plan B, explicaron fuentes del bloque, nació tras el fracaso de la reforma constitucional y se concentra en topes salariales y prestaciones para legisladores estatales, reducción del número de integrantes de cabildos municipales, fortalecimiento de consultas populares y ajustes en los procedimientos de revocación de mandato, con un ahorro estimado cercano a cuatro mil millones de pesos. El gobierno propone que esos recursos se apliquen a obras públicas y programas sociales.
A pesar de las fricciones recientes en la alianza, los dirigentes sostuvieron que el respaldo al Plan B refleja la continuidad del proyecto político de la coalición y la intención de permanecer unidos de cara a los próximos procesos electorales. Con el apoyo declarado de Morena, PT y PVEM, la iniciativa se perfila como la nueva apuesta del gobierno para modificar aspectos del sistema electoral mediante legislación secundaria; su análisis legislativo se espera en las próximas semanas.
