La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha aprobado el decreto de dos reformas constitucionales que aplazan la elección judicial al 2028, garantizan la permanencia de cuatro magistrados electorales e introducen una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera. Esta decisión impacta directamente en la estructura y funcionamiento del sistema judicial en el país.
Los votos a favor de la reforma provienen de los Congresos de diversas entidades, incluida la Ciudad de México. La medida busca aplazar del 2027 al 2028 la elección judicial, además de corregir errores presentes en la reforma de 2024. Con esto, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral podrán participar en la elección de 2028.
La reforma también establece que la Suprema Corte de Justicia se dividirá en dos secciones y modifica la duración del mandato de magistrados y jueces electos, reduciendo este periodo de nueve a ocho años, con finalización en 2036. Además, se aprobó la reforma al artículo 41 de la Constitución, que permite anular elecciones por intervención extranjera.
Esta nueva causal ha generado críticas, ya que se considera ambigua y podría utilizarse de manera discrecional para invalidar elecciones basándose en hechos ocurridos fuera del país. La propuesta, impulsada por el diputado Ricardo Monreal, estipula que se podrán anular elecciones bajo la acreditación de actos de intervención o injerencia.
Durante la sesión, senadores y diputados del PAN y del PRI se mostraron en desacuerdo con la aprobación, lo que llevó a la diputada morenista Beatriz Navarro a criticar fuertemente a estos partidos. Por su parte, Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, argumentó que el malestar proviene del temor a la reelección de magistrados electorales y otros supuestos vínculos con funcionarios requeridos por Estados Unidos.
