La detención de Ismael «El Mayo» Zambada ha intensificado el conflicto interno en México, cuyo impacto se siente especialmente en Sinaloa. La sentencia de cadena perpetua dictada por la justicia estadounidense genera interrogantes sobre la participación de agentes estadounidenses en su arresto, lo que ha llevado a la actual administración a exigir aclaraciones a Washington.
El cofundador del Cártel de Sinaloa llegó a Texas en julio de 2024, acusando a uno de los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán de haberlo llevado a Estados Unidos por la fuerza. El entonces presidente mexicano solicitó un informe completo, aunque la versión oficial de Estados Unidos sostiene que no hubo intervención en su captura.
A medida que la controversia se agrava, la actual jefa de Estado, Claudia Sheinbaum, sostiene que es clara la participación estadounidense en el arresto. La Fiscalía General de la República ha enviado nuevos requerimientos de información para esclarecer los hechos.
Analistas advierten que el arresto de Zambada, en territorio mexicano, es un asunto que no puede pasar desapercibido para el gobierno. La tensión se agrava en Sinaloa, donde las luchas internas dentro del cártel han dejado más de 3,000 asesinatos y miles de desplazados. A pesar del despliegue militar para contener la violencia, los enfrentamientos se han trasladado a zonas rurales y continúan.
El conflicto se centra entre dos facciones: los seguidores de «Los Mayos», relacionados con Zambada, y «Los Chapitos», hijos de «El Chapo». Los expertos en seguridad advierten que las autoridades tienen una presencia escasa y no prevén el fin de la violencia en el corto plazo, ya que continúan operando estructuras criminales importantes.
Además, persiste la libertad de líderes como Iván Archivaldo y «El Mayito Flaco», quienes son buscados por ambos gobiernos, que ofrecen recompensas millonarias por su captura. También ha surgido la acusación formal contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por presuntamente colaborar con «Los Chapitos».
