El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la nueva Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, que se encargará de advertir a los partidos sobre posibles vínculos de sus candidatos federales con la delincuencia y el narcotráfico. Esta medida es relevante de cara a las elecciones de 2027.
La comisión, presidida por el consejero Arturo Chávez e integrada por Norma de la Cruz y Uuc-kib Espadas, se formó con nueve votos a favor y dos en contra. La secretaría técnica será responsable de establecer los lineamientos para su funcionamiento. La mayoría de los consejeros rechazó la inclusión de representantes de los partidos en la comisión.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, expresó su oposición a que se otorgue al instituto la responsabilidad de evaluar el riesgo de las candidaturas, enfatizando que dicha tarea recae exclusivamente en los partidos políticos. Taddei subrayó que el INE no tiene competencias en materia de seguridad, pero se coordinará con las instancias pertinentes.
La consejera Carla Humphrey también aclaró que la responsabilidad primaria de la selección de candidatos recae en los partidos. Por su parte, el consejero Martín Faz advirtió que obligar al INE a verificar candidaturas en un ámbito de seguridad podría ponerlo en una posición complicada.
La comisión solo actuará como un puente entre los partidos y las autoridades de seguridad, recibiendo información que les permita evaluar la posible vinculación de candidatos con actividades delictivas. Faz hizo hincapié en que el gobierno federal, a través de sus instancias de seguridad, será el primero en conocer cualquier posible riesgo relacionado con los candidatos.
Este nuevo modelo de verificación plantea tensiones al integrar al INE en evaluaciones basadas en inteligencia y seguridad. Algunos consejeros expresaron su preocupación por la posibilidad de que se desplace la responsabilidad hacia el instituto para prevenir la infiltración del crimen organizado en la política.
El llamado «Plan B», impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, obliga al INE a crear esta comisión como un órgano técnico que evaluará riesgos en coordinación con distintas instancias federales. Los partidos políticos deberán entregar voluntariamente la lista de sus aspirantes, aunque la evaluación de riesgo no será un requisito esencial para el registro de candidaturas, sino que tendrá carácter informativo.
