El Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) refrendó su compromiso con la protección de los derechos humanos, laborales y sindicales de las más de 22 mil personas que integran la institución, así como con la consolidación de espacios de trabajo seguros, respetuosos y libres de violencia.
De acuerdo con información institucional, durante los últimos dos años más de 14 mil personas servidoras públicas han participado en acciones de capacitación y sensibilización enfocadas en la prevención del acoso, hostigamiento y violencia laboral, además de temas relacionados con derechos humanos, igualdad, respeto y trato digno.
La Secretaría de Salud de Guanajuato y el ISAPEG señalaron que mantienen comunicación permanente y mesas de trabajo con las distintas representaciones sindicales, bajo principios de respeto a su autonomía y a los derechos de las personas agremiadas.
Disminuyen actas administrativas
Los registros institucionales indican que las actas administrativas disminuyeron 14 por ciento entre 2024 y 2025, al pasar de 208 a 179 casos. Durante 2026 se han contabilizado 129 actas al último corte disponible.
El Instituto precisó que cada procedimiento es analizado de manera individual, con sustento jurídico y respeto al debido proceso, además de garantizar los derechos de las personas involucradas.
Asimismo, aclaró que el inicio de un acta administrativa no representa por sí mismo una sanción ni supone una determinación anticipada de responsabilidades.
Reportan 30 rescisiones laborales
Durante la actual administración se han registrado 30 rescisiones laborales derivadas de distintos procedimientos y conductas, entre las que se encuentran casos relacionados con acoso, hostigamiento sexual y violencia laboral.
La institución indicó que, cuando existen elementos suficientes, las actuaciones correspondientes se realizan conforme a la normatividad aplicable y los procedimientos establecidos.
Salud Guanajuato sostuvo que el respeto a los derechos laborales y sindicales debe mantenerse en concordancia con la obligación institucional de proteger la dignidad, integridad y seguridad de las personas.
En este sentido, señaló que sus acciones se concentran en la prevención, atención e investigación de los casos, la garantía del debido proceso y la aplicación de las disposiciones legales correspondientes.
