La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha aceptado la renuncia de Patricia Dolores Dávila Aranda como secretaria general, en medio de una controversia relacionada con el examen de selección en línea para el ciclo escolar 2026-2027. Este acontecimiento representa un punto crítico en la gestión de la universidad, con implicaciones significativas para su administración y proceso de ingreso.
Patricia Dávila Aranda, quien asumió el cargo en noviembre de 2023 por designación del rector Leonardo Lomelí Vanegas, fue la primera mujer en ocupar esta posición de alta responsabilidad dentro de la UNAM. Su renuncia llega tras la entrega de un informe de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026.
Javier de la Fuente Hernández ha sido nombrado como nuevo secretario general, aportando una trayectoria académica sólida a la institución. Destacado por su compromiso con la UNAM, De la Fuente es Cirujano Dentista y cuenta con un doctorado en Equidad e Innovación en Educación. Su experiencia incluye roles clave como director de la Facultad de Odontología y secretario de Atención a la Comunidad Universitaria.
La controversia que rodea el examen de admisión ha suscitado preocupaciones en la comunidad académica. Se detectaron resultados atípicos en el primer examen completamente en línea, lo que llevó a la UNAM a implementar un examen presencial de control para ciertos aspirantes. La Secretaría General incluye, entre sus funciones, la supervisión de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), responsable del proceso de ingreso, lo que acentúa la importancia del cambio de liderazgo en este contexto.
El nombramiento de De la Fuente ha recibido el apoyo de figuras como el expresidente Vicente Fox, quien reconoció su carrera académica y expresaron sus mejores deseos para el nuevo secretario general. Este intercambio destaca el papel influyente que personajes externos pueden tener en la percepción pública del liderazgo universitario.
El cambio en la alta dirección de la UNAM se enmarca en un instante crítico para la institución, donde se enfrenta a la necesidad de adaptarse a nuevas formas de evaluación y selección de estudiantes en un contexto tecnológico en evolución. Esta reforma legislativa dentro de la universidad refleja una respuesta proactiva a los desafíos actuales, los cuales requieren un consenso partidista y un enfoque en la mejora continua de los procesos educativos.
