En México, la justicia tiene un problema que va más allá de la corrupción: la memoria selectiva. Hay expedientes que avanzan a toda velocidad y otros que parecen condenados a dormir durante años en un archivero. El caso Next Energy es uno de ellos.
La Fiscalía General de la República decidió reabrir la investigación relacionada con el contrato firmado en 2019 entre el Ayuntamiento de Aguascalientes y la empresa Next Energy, cuando Teresa Jiménez era presidenta municipal. Lo llamativo no es únicamente la reapertura, sino que el expediente permaneció prácticamente inmóvil durante varios años y ahora vuelve a tomar fuerza con una nueva conducción en la Fiscalía.
El mensaje es poderoso, pero también incómodo. Si existían elementos suficientes para investigar desde hace años, ¿por qué el expediente permaneció congelado? Y si no existían, ¿qué cambió para que hoy la Fiscalía considere necesario reactivarlo?
El fondo del asunto es todavía más delicado. Según la investigación periodística, las denuncias sostienen que el municipio habría realizado pagos millonarios por un proyecto de suministro de energía que nunca se materializó, generando un presunto daño patrimonial que hoy sigue siendo objeto de investigación.
Sin embargo, este caso también pone a prueba a la propia Fiscalía. Durante años se acusó que la institución utilizaba la justicia con criterios políticos. Ahora tiene la oportunidad de demostrar exactamente lo contrario: investigar con el mismo rigor a funcionarios de cualquier partido, sin importar si pertenecen a Morena, al PAN o al PRI.
El caso también guarda una preocupante similitud con lo ocurrido en Monterrey, donde la misma empresa fue señalada por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Que Next Energy aparezca nuevamente vinculada a investigaciones en distintas entidades del país obliga a cuestionar si se trata de hechos aislados o de un patrón de operación que requiere una revisión mucho más profunda por parte de las autoridades. La coincidencia entre ambos casos refuerza la necesidad de que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias y se deslinden responsabilidades de todos los funcionarios que participaron en la autorización, supervisión y ejecución de esos contratos.
Porque la corrupción no tiene colores. Los recursos públicos tampoco.
Si el expediente se reabrió únicamente porque cambió el nombre de quien ocupa la Fiscalía, entonces el problema sigue siendo político. Pero si la investigación llega hasta sus últimas consecuencias, respetando el debido proceso y presentando pruebas sólidas ante los tribunales, podría convertirse en una señal de que la impunidad empieza, por fin, a perder terreno.
Los ciudadanos no necesitan fiscalías que fabriquen culpables ni gobiernos que denuncien solo a sus adversarios. Necesitan instituciones capaces de investigar sin miedo y juzgar sin preferencias.
El verdadero combate a la corrupción no comienza cuando se abre un expediente. Comienza cuando la ley deja de preguntar de qué partido es el investigado.
Don Rommel.
