En 2024, aproximadamente el 25.5% de la población latinoamericana, equivalente a cerca de 162 millones de personas, se encontraba en situación de pobreza monetaria. Esta cifra representa una disminución del 2.2% en comparación con el año anterior, alcanzando el nivel más bajo registrado hasta la fecha, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El informe «Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025» de este organismo de la ONU destaca que la reducción de la pobreza a nivel regional se debe principalmente a los avances en México, y en menor medida, en Brasil.
En el mismo año, la pobreza extrema afectó al 9.8% de la población, es decir, a 62 millones de personas. Aunque esta cifra es 0.8 puntos porcentuales inferior a la del año anterior, se encuentra 2.1 puntos por encima de la tasa más baja observada en 2014.
Para 2025, la Cepal proyecta una leve disminución en los índices de pobreza, aunque advierte que las perspectivas de crecimiento económico en la región son limitadas.
El estudio también abordó la pobreza multidimensional, que ha disminuido del 34.4% en 2014 al 20.9% en 2024, gracias principalmente a mejoras en áreas como vivienda y servicios básicos. La Cepal ha ajustado sus previsiones de crecimiento regional para este año, elevándolas a un 2.4%, mientras que la proyección para 2026 se mantiene en 2.3%.
A pesar de estas mejoras, América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo, cerrando tanto 2023 como 2024 con un crecimiento del 2.3%. La concentración del ingreso es alarmante, ya que el 10% más rico de la población concentra el 34.2% del ingreso total, mientras que el 10% más pobre apenas recibe el 1.7%.
El coeficiente de Gini, un indicador de desigualdad, sigue siendo el más alto a nivel global, superando en 14 puntos porcentuales al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Para abordar esta desigualdad extrema, la Cepal recomienda implementar diversas estrategias, incluidas la reducción de la desigualdad educativa, la generación de empleos de calidad, la promoción de la igualdad de género y el fortalecimiento de las instituciones sociales y su financiamiento.
