El gobierno de Donald Trump otorgó los primeros permisos de extracción minera en altamar de Estados Unidos en una zona cercana a Samoa Americana, en el Pacífico, pese a que un juez determinó días antes que el procedimiento incumplió la ley al no evaluar los posibles efectos sobre la flora y la fauna. La decisión abre una nueva disputa entre la estrategia estadounidense para asegurar minerales críticos y las preocupaciones ambientales de la comunidad local.
Las dos licencias fueron concedidas a empresas cuyos nombres no han sido divulgados. En conjunto, abarcan más de 12.5 hectáreas próximas a Samoa Americana, un archipiélago del sudoeste del Pacífico bajo soberanía de Washington. Cada área fue vendida por 3 millones de dólares.
¿Por qué son relevantes los permisos de minería en altamar?
La administración estadounidense presentó la subasta como un paso para fortalecer el acceso a minerales críticos y reducir riesgos para su seguridad energética y minera. El secretario del Interior, Doug Burgum, afirmó que se trata de la primera subasta organizada por Estados Unidos para concesiones de minerales críticos en altamar en el Pacífico.
La minería en aguas oceánicas puede involucrar la extracción de recursos del lecho marino, una actividad que genera interés por el valor estratégico de ciertos minerales, pero también cuestionamientos por sus posibles efectos en los ecosistemas. En este caso, grupos ambientalistas y habitantes de la zona criticaron la operación.
Un fallo judicial cuestiona el proceso
El lunes, un juez estadounidense concluyó que el gobierno infringió la ley durante la asignación de las licencias porque no consideró el impacto de las actividades sobre la flora y la fauna. El fallo representa un obstáculo legal para el desarrollo de los permisos, aunque el gobierno anunció su entrega el jueves.
- Áreas autorizadas: más de 12.5 hectáreas cercanas a Samoa Americana.
- Valor de la operación: 3 millones de dólares por cada una de las dos áreas.
- Situación legal: un juez determinó que no se evaluaron adecuadamente los efectos sobre flora y fauna.
Las licencias ya fueron otorgadas, pero las empresas beneficiarias no han sido identificadas públicamente y el procedimiento permanece cuestionado por el fallo judicial y las críticas ambientales.






