México requiere una inversión de aproximadamente 1.7 billones de pesos anuales, equivalentes a 94 mil 444 millones de dólares, para cumplir sus compromisos climáticos hacia 2030. Esta cifra representa el 5.4% del producto interno bruto (PIB), según la Iniciativa Climática de México (ICM).
La brecha de financiamiento se considera demasiado amplia para ser cerrada únicamente con recursos públicos. Por ello, ICM subraya la importancia de movilizar capital privado y financiamiento internacional, utilizando mecanismos que minimicen riesgos y conviertan las metas ambientales en proyectos viables.
La organización respalda la estrategia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que busca transformar compromisos ambientales en oportunidades de inversión, fortalecer cadenas de valor y atraer recursos privados en concordancia con la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) 3.0 y el Plan México.
ICM propone establecer una «Plataforma País» bajo el liderazgo del gobierno, con la participación de actores del sector privado, la banca de desarrollo y organismos internacionales. Este mecanismo ayudaría a ordenar las prioridades nacionales, impulsar reformas y acelerar la implementación de acciones de transición energética y sostenibilidad.
Expertos como Marcela Álvarez de ICM enfatizan que la inversión privada es crucial, pero necesita condiciones que reduzcan riesgos y hagan las inversiones más atractivas. Andrés Flores Montalvo, director de Política Energética, destaca la importancia de asegurar que los proyectos sean no solo prioritarios, sino también financiables y medibles.
Durante un reciente taller sobre inversión climática, se discutieron experiencias de países como Brasil y Sudáfrica, así como estrategias para combinar recursos públicos y privados. Rebeca Lima, de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, advirtió que las plataformas de financiamiento deben tener objetivos claros y liderazgo gubernamental efectivo para movilizar recursos a gran escala.
Finalmente, ICM insta a mejorar la regulación y el acceso a información sobre riesgos climáticos, para que las decisiones de inversión se tomen de manera informada. La organización recuerda que México ya cuenta con una Taxonomía Sostenible, pero pide mayor coordinación y seguimiento en la medición de impactos relacionados con las emisiones y el bienestar social.
