Panamá iniciará conversaciones formales con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, para explorar la reactivación de la mina de cobre ubicada en la provincia caribeña de Colón. El proyecto, clausurado en 2023 tras cuestionamientos ambientales y legales sobre su concesión, concentraba una parte relevante de la economía nacional y sostenía miles de empleos.
De acuerdo con el gobierno panameño, la mina representaba 75% de las exportaciones del país y 5% del producto interno bruto (PIB). Además, generaba alrededor de 6,000 empleos directos y 30,000 indirectos. Estos efectos explican el respaldo a una eventual reapertura entre habitantes de las zonas cercanas a las instalaciones, aunque el cierre se produjo después de semanas de protestas que paralizaron gran parte de Panamá.
El reto legal y financiero de la reapertura
El presidente José Raúl Mulino anunció la decisión en cadena nacional, pero no precisó cuándo comenzarían las negociaciones. La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la concesión, que originalmente estaba prevista para expirar en 2043. Desde 2023, además, Panamá mantiene una ley que prohíbe nuevas concesiones mineras.

Por esa razón, el gobierno plantea diseñar una figura jurídica distinta, pues Mulino aclaró que el acuerdo no implicaría otorgar una nueva concesión. Según el mandatario, la meta es obtener los mayores ingresos posibles, recuperar miles de empleos y prevenir daños ambientales durante el proceso.
Panamá también enfrenta reclamos por aproximadamente 27,000 millones de dólares, equivalentes a 30% de su PIB, derivados del cierre del proyecto. First Quantum Minerals suspendió su litigio mientras espera una definición sobre la posible reactivación. Una comisión ministerial recomendó recientemente retomar las operaciones para ejecutar un cierre ordenado de las instalaciones.
Ambientalistas rechazan volver a operar la mina
La propuesta divide a los sectores involucrados. Roderick Gutiérrez, expresidente de la Cámara Minera, sostuvo que el país necesita empleo, inversión y oportunidades, y que una minería responsable puede contribuir a esos objetivos. En contraste, organizaciones ambientalistas y movimientos campesinos exigen el cierre total por los posibles daños ecológicos y defienden la prioridad de los derechos humanos y de un ambiente sano.
- Reactivación en análisis: Panamá ordenó negociar con Minera Panamá, pero aún no existe un acuerdo.
- Impacto económico: la mina aportaba 5% del PIB, 75% de las exportaciones y cerca de 36,000 empleos directos e indirectos.
- Condición oficial: el gobierno busca una salida jurídica que permita un cierre definitivo, verificable y viable.
El proceso se encuentra en la etapa de conversaciones formales ordenadas por el presidente, sin fecha anunciada para su inicio. La empresa deberá además poner fin a los procesos arbitrales contra Panamá como parte de la eventual negociación.






