La incorporación de una segunda constructora fue anunciada como parte de la estrategia para agilizar la rehabilitación de la carretera San Miguel de Allende–Los Rodríguez, luego de que habitantes de al menos 50 comunidades rurales levantaran, a las 18:00 horas del miércoles 4 de noviembre, un bloqueo que mantuvo paralizado el tráfico durante casi diez horas.
La apertura de la vía quedó condicionada a un voto de confianza hacia la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Guanajuato. El personal de la dependencia se comprometió a entregar este viernes 6 de noviembre una calendarización por escrito con las capas de asfaltado previstas y la maquinaria que estará en operación.
La obra corresponde a un tramo de 17 kilómetros que acumula cuatro meses de retrasos. Los habitantes sostienen que la carretera permanece prácticamente abandonada y cuestionaron la versión oficial de que las cuadrillas trabajaban jornadas completas durante cinco días. Según los testimonios recabados en la zona, la empresa contratista Agacel operaba únicamente entre tres y cuatro horas diarias.
El conflicto también evidenció problemas de coordinación entre los gobiernos municipal y federal. Desde agosto de 2024, el municipio de San Miguel de Allende intentó realizar trabajos de bacheo preventivo; sin embargo, en julio de 2025 la SICT detuvo esas acciones bajo el argumento de que la carretera era de jurisdicción federal exclusiva.
¿Qué riesgos enfrentan las comunidades mientras avanza la rehabilitación?
El deterioro de la vía ya habría contribuido a dos accidentes automovilísticos recientes, relacionados con la falta de señalización nocturna y la presencia de baches profundos. A ello se suman las tolvaneras de tierra y óxido de calcio, que han provocado afecciones respiratorias entre familias cercanas. Ante esta situación, la Secretaría de Gobierno del Estado ofreció atención médica a las personas afectadas.
La protesta fue presentada por sus organizadores como una movilización ciudadana apartidista. Vanessa, vocera de la asamblea comunitaria, rechazó que actores políticos utilicen las carencias de las comunidades para obtener beneficios particulares. Paralelamente, autoridades municipales viajaron a la Ciudad de México para presentar una queja formal ante las oficinas centrales de la SICT por las consecuencias económicas y sociales del retraso.
- Punto clave / Qué ocurrió: Se levantó el bloqueo de la carretera tras el compromiso de acelerar la rehabilitación, incluida la incorporación de una segunda constructora.
- Impacto o alcance: La situación afecta un tramo de 17 kilómetros, a conductores y a familias de al menos 50 comunidades rurales.
- Qué sigue: La SICT debe entregar el 6 de noviembre el calendario de obra; las comunidades realizarán supervisiones diarias y advirtieron nuevas protestas si no observan avances sustanciales en dos semanas.
El tramo permanece abierto, pero bajo vigilancia comunitaria. La continuidad de los trabajos dependerá del calendario comprometido por la SICT, de la presencia efectiva de maquinaria y de los avances físicos que puedan verificarse directamente en la carretera.
