La paralización por parte del Parlamento Europeo de la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos puede tener repercusiones en el comercio internacional y en empresas e importaciones de la región, debido a la incertidumbre sobre aranceles y medidas recíprocas.
La decisión responde a las amenazas del presidente estadounidense contra varios países europeos en el contexto de su intento por adquirir Groenlandia, motivo por el cual se suspendió el avance legislativo relacionado con el pacto.
El jefe de la comisión de Comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange, explicó que, ante las crecientes y continuas amenazas, no quedó otra alternativa que detener el trabajo sobre las propuestas legislativas vinculadas al acuerdo hasta que Estados Unidos adopte un enfoque de cooperación.
El presidente estadounidense amenazó con imponer aranceles del 10 % —con una subida prevista al 25 %— a Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos, Suecia, Finlandia, Noruega y Reino Unido si se oponían a la compra de Groenlandia.
Lange calificó esas amenazas como «un ataque contra los intereses económicos y la soberanía territorial de la UE» y subrayó la gravedad de la situación para las relaciones transatlánticas.
El acuerdo alcanzado entre Bruselas y Washington contemplaba un arancel del 15 % sobre la mayoría de productos europeos en Estados Unidos, incluidos automóviles y semiconductores, mientras que la implementación de las contrapartidas europeas quedó condicionada a la ratificación parlamentaria.
Desde la firma, las exportaciones europeas afrontan ese arancel en Estados Unidos, pero la UE no ha puesto en marcha su parte del acuerdo porque su entrada en vigor dependía de la aprobación del Parlamento, ahora aplazada sine die.
La comisión de Comercio anunció que pedirá formalmente a la Comisión Europea la activación del mecanismo anticoerción contra Estados Unidos ante las amenazas arancelarias.
Los jefes de Estado y de Gobierno debatirán en la cumbre extraordinaria cómo reconducir sus relaciones con Estados Unidos y valorarán la aplicación de represalias arancelarias por 93.000 millones de euros, una opción que se pospuso el año pasado para facilitar las negociaciones entre Bruselas y Washington.
