La Cámara de los Comunes rechazó este viernes 11 de septiembre de 2026 una iniciativa para legalizar la “muerte asistida” en Inglaterra y Gales para personas con enfermedades terminales y un pronóstico de vida inferior a seis meses. La votación, celebrada después de más de cuatro horas de debate, impidió que la propuesta avanzara y mantuvo sin cambios el marco vigente sobre este tema.
El resultado fue estrecho: 286 diputados votaron en contra y 270 a favor. La iniciativa había sido presentada por un legislador laborista, pero el Gobierno se declaró neutral ante la discusión. El primer ministro Andy Burnham decidió no participar en la votación, al considerar que su intervención podía influir de manera indebida en un debate considerado especialmente sensible por sus implicaciones médicas, legales, éticas y religiosas.
El texto contemplaba salvaguardias para limitar el acceso al procedimiento. Entre ellas se encontraba la aprobación de dos médicos y la revisión de un panel de expertos antes de autorizar una solicitud. Sin embargo, los opositores consideraron que esas medidas no ofrecían protección suficiente para pacientes vulnerables, incluidos quienes pudieran pedir la muerte asistida por sentirse una carga para sus familias o cuidadores.
La oposición también fue expresada por las iglesias católica y anglicana, que cuestionaron la iniciativa por razones morales. A estas posturas se sumaron varios colegios médicos, preocupados por la protección de personas con enfermedades mentales y por los posibles riesgos de que una decisión irreversible se tomara bajo presión, sufrimiento emocional o falta de apoyo adecuado.
¿Qué representa el rechazo frente al avance de otros países?
Con la decisión, el Reino Unido permanece fuera del grupo de países desarrollados que han aprobado legislaciones relacionadas con la muerte asistida. Las tasas reportadas varían ampliamente: en España, Austria y Colombia se registra una muerte asistida por cada mil fallecimientos, mientras que en Canadá la proporción llega a una por cada 200 y es ligeramente superior en Países Bajos.
Francia, en contraste, avanzó en agosto con la publicación de una ley sobre el “derecho de la ayuda a morir”. La norma contempla que la propia persona ejerza ese derecho o que, en casos de incapacidad física, intervenga un médico o enfermero mediante un suicidio asistido. El acceso está condicionado a ser mayor de edad, tener nacionalidad francesa o residir en Francia, y padecer una enfermedad grave e incurable con deterioro irreversible y un pronóstico comprometido en fase avanzada o terminal.
- Qué ocurrió: La Cámara de los Comunes rechazó legalizar la muerte asistida en Inglaterra y Gales.
- Impacto o alcance: La propuesta estaba dirigida a enfermos terminales con menos de seis meses de vida y obtuvo 270 votos a favor frente a 286 en contra.
- Qué sigue: La iniciativa queda descartada tras la votación, mientras continúa el debate internacional sobre las salvaguardias y los derechos de pacientes terminales.
La situación permanece sin cambios en Inglaterra y Gales después del rechazo parlamentario. Cualquier nuevo intento de modificar la legislación deberá presentarse nuevamente ante la Cámara de los Comunes y someterse a otro proceso de debate y votación.
