Soy el doctor Daniel Díaz, y hoy quiero hablarles de política y salud.
Durante décadas, los mexicanos hemos escuchado promesas sobre hospitales, medicamentos, cobertura universal y servicios gratuitos. Cambian los gobiernos, cambian los partidos, cambian los nombres de los programas… pero para millones de personas permanece la misma pregunta: cuando realmente me enferme, ¿el sistema de salud estará ahí para atenderme?
La salud no debería utilizarse como bandera electoral. Los hospitales no son de los políticos, los medicamentos no son regalos del gobierno y los servicios públicos no son favores. Se pagan con los impuestos de los ciudadanos y forman parte de un derecho.
El artículo 4º de nuestra Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud. Y la propia Ley General de Salud, en su artículo 77 bis 1, establece que las personas sin seguridad social tienen derecho a recibir gratuitamente servicios públicos de salud, medicamentos e insumos asociados. No es una concesión política: es una obligación del Estado.
Entonces debemos hacernos preguntas incómodas.
¿Ese derecho se cumple realmente cuando una persona espera meses por una consulta con un especialista? ¿Cuando una cirugía se posterga por falta de capacidad? ¿Cuando no encuentra sus medicamentos y tiene que comprarlos? ¿Cuando una familia termina utilizando sus ahorros para pagar estudios o atención privada porque no encontró una respuesta oportuna en el sistema público?
Ahí está la diferencia entre tener un derecho escrito y tener un derecho garantizado.
Y los gobernantes deberían entender algo fundamental: en salud, las buenas intenciones no sustituyen los resultados.
No basta inaugurar hospitales si no tienen médicos, enfermeras, medicamentos y capacidad resolutiva. No basta anunciar presupuestos millonarios si el paciente continúa esperando. Y tampoco basta decir que los servicios son gratuitos cuando una familia termina pagando de su bolsillo aquello que el sistema no pudo proporcionarle.
Por eso necesitamos menos política alrededor de la salud y más políticas públicas saludables.
Políticas que sobrevivan a elecciones y cambios de gobierno. Que fortalezcan la prevención, la vacunación, la alimentación saludable, la salud mental y la actividad física; pero también el abasto de medicamentos, el personal sanitario, la infraestructura y la atención oportuna.
Y necesitamos algo todavía más importante: medir resultados y rendir cuentas.
Un sistema de salud no debe evaluarse por sus discursos, sino por lo que resuelve: cuánto espera un paciente, cuántas recetas se surten completamente, cuánto tarda una cirugía y cuántas familias tienen que gastar de su bolsillo para recuperar su salud.
Porque detrás de cada número hay una persona. Detrás de una receta no surtida hay preocupación. Y detrás de una cirugía postergada puede haber dolor, complicaciones y sufrimiento.
Los ciudadanos no necesitan que los políticos les expliquen constantemente lo bien que funciona el sistema. Necesitan comprobarlo cuando llegan a una clínica o a un hospital.
Soy el doctor Daniel Díaz, y estoy convencido de que la salud debe estar por encima de partidos, gobiernos y elecciones.
La salud no es propaganda. No es un favor. No es una promesa de campaña. Es un derecho.
Y la obligación de cualquier gobierno es muy sencilla de entender, aunque difícil de cumplir: hacer que ese derecho se convierta en resultados para la gente.
