En Michoacán, la diputada Fabiola Alanís presentó ante el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado y que el delito de abuso sexual sea perseguido de oficio.
La propuesta plantea que las autoridades puedan iniciar investigaciones sin depender de la denuncia de la víctima, con el objetivo declarado de mejorar el acceso a la justicia y reducir la impunidad en casos de violencia sexual.
El texto de la iniciativa incluye el reconocimiento de la reparación integral del daño y medidas orientadas a garantizar la no repetición, enmarcadas en una perspectiva de derechos humanos y de género.
Según la legisladora, en Michoacán se registran más de 600 casos de abuso sexual al año, con predominio de víctimas mujeres, niñas y adolescentes, y un aumento de denuncias en los últimos años, particularmente desde la pandemia.
También se advirtió que en la mayoría de los casos las agresiones provienen del círculo cercano de las víctimas, incluido el entorno familiar, lo que dificulta la denuncia y perpetúa la impunidad.
La iniciativa, explicaron sus promotores, responde a demandas del movimiento de mujeres que exige acciones para frenar la violencia sexual y fortalecer la protección estatal.
De aprobarse, la reforma obligaría a las autoridades estatales a perseguir de oficio el abuso sexual, sancionar a los agresores y aplicar medidas de reparación y prevención para evitar la repetición de estos delitos.
